Farmacéuticas en la mira de la Justicia por acciones ilegales

Cada vez hay más demandas millonarias contra los laboratorios por ocultar información sobre posibles efectos secundarios de un medicamento hasta el pago de sobornos.

Cuando el exitoso abogado fue contratado para representar en un juicio a un hombre que asegura que medicamento para la diabetes le provocó cáncer, la industria farmacéutica supo que estaba en problemas.

Tras el alegato final de Mark Lanier, que mencionó una “desconsideración imprudente por la seguridad del paciente”, un juez federal en Louisiana ordenó a Takeda de Japón y a Eli Lilly de EE.UU. el pago de daños y perjuicios por la suma récord de u$s 9.000 millones por ocultar evidencia de una posible relación entre su medicamento Actos y el cáncer a la vejiga.

Para Lanier, fue el último de una serie de triunfos frente a grandes farmacéuticas. Se hizo conocido en EE.UU. hace una década, por ganar un juicio por u$s 250 millones contra Merck & Co iniciado por una viuda que culpó al analgésico Vioxx de la muerte de su esposo por un fatal ataque al corazón.

La multa de su última victoria legal es tres veces superior al récord de u$s 3.000 millones que pagó GlaxoSmithKline por malas prácticas en la promoción de sus medicamentos en 2012. Los analistas sostienen que la suma es tan elevada que seguramente un juez la reduzca y aún podría ser rechazada en una apelación. Takeda y Eli Lilly insisten en que Actos es seguro y prometieron apelar el fallo.

Pero el juicio, en el que los miembros del jurado oyeron cómo Takeda destruyó grandes cantidades de documentos relacionados con Actos, se sumó a una serie de casos que pusieron a toda la industria en el banquillo.

A primera vista no hubo una conexión directa entre el fallo judicial de Louisiana y otros titulares vergonzosos: una acusación de soborno contra GSK en Irak; una investigación sobre supuestas prácticas anticompetitivas contra Novartis y Roche en Francia; y un informe que asegura que el costoso antiviral Tamiflú no sería mejor que una aspirina.

Sin embargo, de una o otra manera, respaldan las acusaciones de críticos del sector que aseguran que las grandes farmacéuticas anteponen las ganancias a la salud pública, desde elegir las mejores pruebas clínicas para ocultar riesgos a la salud, hasta sobornar médicos y bloquear medicamentos más baratos.

Dichas acusaciones son rechazadas ferozmente por las empresas, pero incluso los líderes de la industria admiten que han tenido cierta resonancia en el público.

En respuesta a las críticas, algunas farmacéuticas como Roche, GSK, y Johnson & Johnson, anunciaron el año pasado algunas medidas para abrir su información de pruebas clínicas a revisiones independientes. 

Otros son más precavidos y citan la necesidad de proteger su propiedad intelectual y la confidencialidad de los pacientes. Pero la opción quizás ya no dependa de las compañías: el parlamento europeo acaba de aprobar una ley que establece que los resúmenes detallados de los ensayos clínicos deben ser públicos.

“La presión no va a diminuir”, dijo una alta fuente de la industria. “Hay una movida hacia una mayor transparencia en todas las áreas de la sociedad. Es imposible resistirse”.

Los desafíos reputacionales no son nada nuevo para las grandes farmacéuticas, pero la tendencia las está obligando a repensar sus estrategias de marketing ahora que se presta más atención a sus vínculos financieros con los médicos. GSK anunció en diciembre que desde 2016 dejará de pagarle a los profesionales de la salud por asistir a conferencias médicas o por hablar de sus productos. También eliminó los objetivos individuales a su equipo de ventas.

Esa fue la respuesta a la multa norteamericana por u$s 3.000 millones que recibió el grupo en 2012 por comercializar en forma ilegal y a la investigación iniciada por las autoridades chinas en julio del año pasado por supuestos sobornos a médicos. La revelación hace días de que GSK está enfrentando acusaciones similares en Irak recalcó la naturaleza global del desafío. Per el grupo británico asegura que sus modificaciones de las prácticas de marketing lo colocaron a la vanguardia de la reforma de la industria.

A los ejecutivos del sector les preocupa que la peor imagen de la industria les dificulte defender sus precios, en un momento en que los presupuestos de salud caen en todo el mundo desarrollado.

Mientras tanto, en Louisiana, Lanier se prepara para atender a 2.700 personas que hacen fila para demandar a Takeda y Eli Lilly.

Fuente: El Cronista