La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal
respondió a una recomendación de la Procuración Penitenciaria de la Nación y
ordenó el estricto cumplimiento del programa de prevención del cáncer uterino
en las cárceles federales para mujeres.
La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal
(SPF), a través del memorando N°28/14, instruyó a todas las unidades
penitenciarias que alojan a mujeres a garantizar el acceso a la realización de
PAPs.
Ello en cumplimiento de los plazos estipulados en el Plan
Estratégico de Salud Integral del Servicio Penitenciario Federal (SPF)
2012-2015, informaron desde la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Además, la dirección del SPF ordenó hacer constar en la
historia clínica de cada paciente, sin excepción, el consentimiento informado o
acta de negativa; una constancia de entrega de resultados y del consejo médico
brindado en casos de negativa y/o resultados patológicos o anormales.
La disposición surgió como respuesta a lo requerido por este
organismo en la recomendación N°795 y la nota N° 48, mediante la cuales se
ponía de manifiesto la imperiosa necesidad de implementar de modo cabal el
“Protocolo de prevención, diagnóstico, asistencia y tratamiento en materia de
cáncer cérvico uterino”.
El organismo, cuyo titular es Francisco Mugnolo, realizó las
notas y recomendaciones sobre el caso “ante las falencias detectadas en
sucesivos actividades de control” que se realizan desde la Procuración
Penitenciaria en las cárceles.
“La PPN había denunciado varias fallas en la atención de
salud femenina y la ausencia de medidas significativas para la prevención de
las afectaciones referidas”, explicaron desde la procuración penitenciaria.
Al tiempo que destacaron que ello es en “concordancia con lo
establecido en las leyes 26.529 y 26.742 que garantizan el derecho de los
pacientes a una adecuada prestación del servicio de salud”.
La Procuración “había solicitado la instrumentación de un
mecanismo eficiente de registro, control, información y asistencia de las
pacientes, en especial, de aquellas que no aceptasen la realización de
exámenes”.
También “había pedido la efectiva oferta de estudios
ginecológicos periódicos preventivos y/o evaluaciones diagnósticas, incluyendo,
en su caso, una notificación fehaciente a la defensa y a otros servicios y
autoridades ante una negativa a recibir atención”.
Fuente: Diario Judicial
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