Los diputados dieron dictamen
favorable a la modificación de la Ley 25.649, que establece que las únicas
recetas válidas sean las que llevan nombre genérico o la denominación común
argentina. “Es un paso importantísimo, porque será el ciudadano quien pueda
elegir según el precio del medicamento”, dijo la titular de la comisión.
Las nuevas pujas con la industria farmacéutica pusieron en
marcha una serie de medidas legislativas para frenar los supuestos abusos de
laboratorios y productores de medicamentos. En este camino, el gobierno
nacional aportó a dos instrumentos legislativos: la ley de producción pública
de medicamentos y la ley de genéricos. La primera fue reglamentada luego de
varios años de aprobación, mientras que la segunda se buscó reformarla, para
profundizar la prescripción por droga y no por marca. Esta reforma tuvo ayer el
visto bueno de la comisión de Salud de la cámara de Diputados, que aprobó una
serie de modificaciones, que ahora deberán ser tratadas en sesión. Los legisladores
destacaron el paso dado, ya que afirman a partir de este “será el ciudadano
quien pueda elegir según el precio del medicamento”.
En concreto, la comisión dio dictamen favorable a la
modificación de dos artículos de la Ley 25.649, popularmente conocida como Ley
de Genéricos. Con la misma, se ponen límites a los precios de los medicamentos,
y se obliga a los médicos a prescribir medicamentos por nombre genérico o por
la denominación común argentina, no comercial.
Según informó la titular de la comisión, la diputada Andrea
García, ayer se alcanzó un dictamen de mayoría para la modificación al artículo
2 de la ley de medicamentos genéricos, obligando a la utilización “sólo del
nombre genérico o denominación común argentina a la hora de prescribir una
receta”. Además, se incorporó una modificación al artículo 3 de la misma ley
donde se establece que si la prescripción no se realiza por nombre genérico, la
receta carece de valor para autorizar el expendio del medicamento y también
para ser abonada por organismos de seguridad social, obras sociales, medicina
prepagas u organismos del Estado.
“Es un paso importantísimo haber aprobado en nuestra
comisión la modificación de la ley de genéricos, puesto que será el ciudadano
quien pueda elegir según el precio del medicamento. Esta ruptura con el modelo
histórico que a los
pacientes nos dejó prisioneros de intereses económicos hegemónicos, busca
transparentar el mercado de los medicamentos y fundamentalmente que los
argentinos tengamos mayor acceso a los mismos pudiendo adquirir el medicamento
más barato”, remarco la legisladora.
La ley de genéricos fue aprobada en agosto de 2002, un
proyecto que contó con un amplio respaldo del justicialismo, el ARI, el
radicalismo, Polo Social, Frente para el Cambio, los partidos provinciales, y
sólo anunciaron su voto negativo Marta Alarcia y se abstuvieron los
legisladores de Autodeterminación y Libertad. Según cálculos extraoficiales del
Ministerio de Salud en esos días, con la sanción de esta ley “se podría ahorrar
un 60 por ciento los costos en medicamentos de la población, que representarían
una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos anuales”.
El ex ministro de Salud Ginés González García es el creador
de la ley. "En su momento fue impresionante. Generó una disminución del
precio de los medicamentos. Frenó notablemente la suba en un momento
inflacionario de la Argentina y recuperó muchísimo el acceso de la gente. El
único que elegía el medicamento era el médico, con la política de prescripción
por nombre genérico lo hizo el paciente", dijo en un reciente reportaje el
ex funcionario.
Actualmente, su cumplimiento bajo de manera estruendosa. Un
seguimiento realizado por el diario La Nación determinó que “sólo entre el 20 y
el 25 por ciento de las prescripciones de remedios se hace por el nombre de la
droga”. Lo sorprendente es que en 2003, a un año de la puesta en marcha de la
ley las recetas que estaban dentro de esa normativa superaban el 70 por ciento.
El diario explicó que “el diagnóstico resultó coincidente: una de cada cuatro
recetas que presentan los clientes incluye sólo el nombre del principio
activo”. Ya en 2011, insiste La Nación, el porcentaje había descendido al 20
por ciento, según mostró entonces un relevamiento hecho a pedido de la
industria farmacéutica.
Fuente: Mirada Profesional
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