Psicólogo (UBA), Diputado Nacional MC
2005-2009, autor de la Ley Nacional de Salud Mental, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones –
Jefatura de Gabinete de Ministros
P: Desde la
sanción de la Ley 26.657, que asegura el derecho a la protección de la salud
mental de las personas ¿cuáles serían los puntos que para Usted se han
cumplimentado hasta el momento?
R: Hay una complejidad propia en la aplicación de la Ley que
responde a la complejidad propia del sistema de salud mental, que se monta
sobre la fragmentación del sistema de salud de nuestro país. En el campo de la
salud mental interactúan actores diversos: profesionales de la salud, usuarios,
familiares, operadores judiciales, la comunidad en su conjunto, las
universidades (a través de la formación de grado y posgrado), y además hay que
considerar que el sistema de salud tiene un sector público, un sector privado y
otro de obras sociales y prepagas. Esto, dividido por 24 provincias. De modo
que la aplicación de la Ley no es lineal ni simple, sino que requiere de
distintas estrategias y consensos para ir avanzando. A partir de la
reglamentación de la Ley se ha creado el Órgano de Revisión Nacional, la
Comisión Nacional Interministerial y estamos a días de conformar el Consejo
Consultivo. Por otra parte se creó la Dirección Nacional de Salud Mental luego
de la media sanción de la Ley por parte de Diputados, que articula con las
Provincias que así lo deciden acciones de apoyo técnico y capacitación en el
marco de la Ley. Se han creado equipos interdisciplinarios dependientes del
Ministerio de Salud de Nación en algunas provincias de nuestro país. En general
los jueces ya no emiten órdenes de internación, lo cual ha descomprimido los
servicios de demandas innecesarias. En algunas provincias se están revisando
sentencias de incapacidad y se le está devolviendo a las personas su capacidad
jurídica plena o con apoyos. Ha habido una tendencia general a disminuir las
internaciones y sus tiempos, priorizando la atención ambulatoria. PAMI ha
emitido una Resolución para poder cubrir algunas estrategias de atención para
la desinstitucionalización. Se ha asumido la interdisciplina como un eje
fundamental, e incluso ya existe a la fecha jurisprudencia respecto a este
punto. Hay un mayor nivel de organización de usuarios y familiares, y también
de profesionales que se agrupan para trabajar por la aplicación de la Ley.
Hemos iniciado un proceso de adecuación de la formación de
profesionales en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, para lo
cual ya han sido convocados unos 100 representantes de las carreras de
Medicina, Psicología, Trabajo Social, Derecho y Enfermería de todo el país.
P: ¿Qué
implicancia tiene esta ley sobre el actual sistema de salud de nuestro país?
R: Creo que la Ley adelanta respecto de un sistema de salud
orientado a la atención de la enfermedad y al trabajo individual, con hegemonía
de la mirada médica. Entiendo que puede ser una palanca de cambio de todo el
sistema, que requiere una profunda transformación. Hay muchas resistencias,
desde luego, a la incorporación de la salud mental como un servicio más dentro
de los hospitales generales. Hay que trabajar mucho en eso.
P: ¿Qué
obstáculos observa Usted que se han presentado y/o se presentan para la
implementación de la ley?
R: La formación actual de los profesionales. La resistencia de
un sector corporativo de la psiquiatría y también del sistema en su conjunto
que por su propia inercia tiende a conservarse igual a si mismo. El monovalente
insume muchos recursos que debieran ser redistribuidos para crear una red de
atención territorial.
P: ¿Cuáles
son para Usted los desafíos de cara al futuro en materia de salud mental?
R: El horizonte final es que la salud sea una sola, y que la
atención sea integral. Como metas más inmediatas creo que la creación de
servicios de salud mental con internaciones breves en los hospitales generales
es una clave fundamental. También lo es la articulación intersectorial, y por
esa vía el apoyo para emprendimientos laborales y para el acceso a la vivienda.
Tenemos que sustituir un sistema basado en la institucionalización por otro
basado en la comunidad.
P: ¿Qué
aportes considera Usted que se pueden realizar desde el ámbito académico para
el cumplimiento pleno de esta ley tan importante?
R: Hoy tenemos un documento oficial con Recomendaciones a las
Universidades que es muy importante que se debata en el ámbito académico, para
revisar la actual formación y analizar que cambios mediatos e inmediatos se
pueden ir realizando para que los nuevos profesionales estén mejor preparados
para afrontar el desafío de la aplicación de la ley. En ese sentido creo que el
ámbito académico debe fortalecer su relación con la comunidad donde esta
inserto e interactuar más y de forma permanente con las problemáticas y las
potencialidades que tiene la comunidad. Muchas universidades preparan a sus
estudiantes para enfrentar problemas que en términos epidemiológicos no son los
más importantes.
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