El máximo tribunal sostuvo que los magistrados deben
"buscar soluciones procesales que utilicen las vías más rápidas" para
"evitar la frustración de derechos fundamentales".
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La Corte Suprema de Justicia ordenó a los jueces que tutelen
el derecho de la población al acceso al agua potable. El máximo tribunal
destacó que ese recurso es "un bien público fundamental para la vida y la
salud", en la causa contra la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) por el
alto nivel de contaminación de arsénico en el agua distribuida en la localidad
de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.
Los integrantes de la Corte advirtieron que "los jueces
deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más rápidas a fin de
evitar la frustración de derechos fundamentales", según consigna el Centro
de Información Judicial.
En la causa, la Corte debía pronunciarse sobre dos
cuestiones: la naturaleza colectiva del derecho al agua y la protección que en
el ordenamiento nacional e internacional se brinda al acceso a ese recurso.
En ese marco, el máximo tribunal entendió que en el caso
"está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la
vida de una gran cantidad de personas que se ve amenazado por el obrar de la
empresa Aguas Bonaerenses". "En consecuencia, la contaminación por
arsénico en el agua suministrada en toda la localidad no es un problema de cada
uno de los habitantes sino que es un problema comunitario que, para su mejor
solución, debe ser tratado en un proceso colectivo", remarcó la Corte en
su fallo.
Los jueces Ricardo Lorenzetti , Carlos Fayt , Elena Highton
de Nolasco y Juan Carlos Maqueda recordaron que "el agua es un recurso
natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud".
Además, la Corte Suprema subrayó que el acceso al agua
potable es "indispensable para vivir dignamente y es condición previa para
la realización de otros derechos humanos".
De esta forma, los integrantes de la Corte mantuvieron la
medida cautelar que ordena a la empresa distribuir agua potable en los
domicilios a los habitantes, hospitales, escuelas y asilos de 9 de Julio.
Fuente: La Nación
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