En 18 meses, la salud ocupó sólo el 2,7% de la agenda legislativa nacional

Una ONG regional da cuenta de la brecha entre las decisiones parlamentarias y sus resultados prácticos.

¿Cuánto les importa la salud a nuestros legisladores? ¿Qué proyectos de ley son los más "exitosos" y qué respaldo científico tienen esas decisiones? ¿Cubren, finalmente, las necesidades de los pacientes? ¿Se traducen en políticas sanitarias efectivas? Las respuestas no describen el mejor escenario: en América latina aún persiste la brecha entre las decisiones legislativas y sus resultados, según indica un informe presentado en esta ciudad del norte colombiano.

Los primeros datos proyectados en dos pantallas ante unos 50 medios de la región describen la actividad legislativa de Brasil, Colombia, México y la Argentina durante el año pasado y los primeros seis meses de este año. Los números ubican a nuestro país primero en esa lista con 6138 proyectos de ley sobre todos los temas presentados en estos 18 meses. Lo siguen Brasil (4255), México (2923) y, por último, el país anfitrión (382).

Pero esto cambia al revisar qué porcentaje corresponde a proyectos de salud y, más aún, si se lo compara con los proyectos de ley económicos, por ejemplo, según demuestra el relevamiento de la Fundación Directorio Legislativo que se presentó durante un encuentro organizado por el laboratorio Roche y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en esta ciudad, donde el calor de un verano atípico, sin lluvias, se siente más inseparable que nunca de la humedad.

Padrinos políticos

En proyectos de salud, Colombia lidera la lista: destina un 4,2% del total de sus iniciativas, mientras que en la Argentina, donde en la última década se sancionó una gran cantidad de normas que terminaron por aumentar la judicialización de la salud por las dificultades para su cumplimiento, la proporción de proyectos de salud entre todos los temas cae a 2,7 por ciento. En México, la proporción es de 2,1% y en Brasil, de 1,7 por ciento.

Los proyectos más exitosos son los que cuentan con "padrinos" políticos que los impulsen durante el proceso de discusión o que les interesan a las mayorías del momento.

El cáncer, por ejemplo, de acuerdo con las cifras presentadas, está lejos de ser una prioridad legislativa: aparece en apenas 0,1% de las iniciativas de salud en el Congreso argentino o 0,2% en el resto de los países. Y esto sucede aunque distintas entidades, empezando por la Organización Mundial de la Salud, proyectan para los próximos 15 años un crecimiento sostenido de los casos de cáncer y enfermedades no transmisibles (obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras) si los países no implementan políticas sanitarias integrales para revertirlo.

"Los legisladores no llegan a dimensionar la importancia de la salud o los ciudadanos no están presionando lo suficiente para que lo hagan", dijo María Baron, directora ejecutiva de la fundación, que coordina la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.

"Para la mayoría de los legisladores, se trata de regular la prevención y el tratamiento, cuando una ley debería alcanzar mucho más, incluidos el monitoreo de los pacientes y hasta los cuidados paliativos. En la Argentina, por ejemplo, cuatro de los nueve proyectos sobre cáncer vigentes son para declarar el día nacional del cáncer de próstata y de mama, y hay uno para darle más autonomía al Instituto Nacional del Cáncer. Votar un día nacional es algo bastante fácil para los legisladores, pero cabría cuestionar si eso realmente genera algo positivo", agregó Baron.

El seguimiento que la fundación viene haciendo de la actividad legislativa de la región revela que en los congresos latinoamericanos se sanciona un número constante de leyes todos los años y la política le asigna a la salud una porción muy pequeña, aunque con la educación y la seguridad son los temas que más menciones reciben en los discursos cuando se habla de derechos.

"¿La sociedad está dispuesta a aceptar que esa pequeña porción se dedique a designar el día nacional de una enfermedad o debería reclamar algo más elaborado, consensuado, más cercano a la realidad?", planteó Baron.

El análisis revela, además, que los poderes legislativos y ejecutivos latinoamericanos comparten varias características. Falta información cierta y confiable del estado de salud de la población, de la distribución geográfica de las enfermedades, de la infraestructura y de los recursos profesionales disponibles en cada caso. Cada sector del sistema sanitario actúa sin una coordinación que impida malgastar, desviar o perder recursos. Se votan leyes para atender urgencias o conveniencias políticas que van en contra de un sistema de salud eficiente y equitativo. Se legisla y se administra el sistema sanitario por percepciones, con un alto desconocimiento, en la mayoría de los casos, de la evidencia científica disponible y con poco diálogo entre las partes involucradas. Todo esto con presupuestos limitados, descentralizados e ineficientes.

"No se trata de gastar mucho, sino de invertir bien", añadió Baron. En la Argentina, se destina el 10% del PBI a salud, o 1350 dólares por persona, anualmente. Esto es un 16% más que Chile y Costa Rica, por ejemplo. Sin embargo, en ellos se aplica la diferencia entre gasto e inversión: en la Argentina mueren 14 por cada 1000 menores de 5 años y la esperanza de vida al nacer es de 76 años. En Chile, mueren 8 de cada 1000 menores de 5, mientras que en Costa Rica la mortalidad infantil es de 10 de cada 1000 chicos. La expectativa de vida es un poco más alta que en la Argentina, con 79,5 y 79,1 años, respectivamente.

Fuente: La Nación