Veinticinco organizaciones solicitaron una audiencia para tratar el tema de la falta de acceso a los medicamentos en la Región y enfatizaron que si en los países en desarrollo existiera un acceso del 100% a los medicamentos genéricos se podrían salvar 10,5 millones de vidas al año.
Veinticinco organizaciones de América Latina y el Caribe
solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una
audiencia para tratar el tema de la falta de acceso a los medicamentos en la
región, y enfatizaron que si en los países en desarrollo existiera un acceso
del 100 por ciento a los medicamentos genéricos se podrían salvar 10.5 millones
de vidas al año.
"Queremos exponer el drama de la falta de acceso a
medicamentos, que afecta a cerca de 2.000 millones de personas en el mundo y
ocasiona la muerte de más de 10 millones cada año, de las cuales 700.000
pertenecen a Latinoamérica y el Caribe", afirmaron desde el colectivo, que
cuenta con apoyo específico de las fundaciones Misión Salud de Colombia y Grupo
Efecto Positivo de Argentina, entre otras.
"La magnitud del problema hizo que por primera vez una
coalición de organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia católica se
movilicen en busca de apoyo para defender el derecho a la vida, a la salud y a
los medicamentos ante las prácticas ilegales e ilegítimas de las compañías
farmacéuticas multinacionales para bloquear la oferta de genéricos con precios
asequibles, únicos a los que tienen acceso los sistemas de salud sin poner en
riesgo su sostenibilidad financiera", enfatizó el grupo en el pedido.
Con respecto a la situación en la Argentina, desde el
colectivo explicaron que la principal barrera para acceder a medicamentos
esenciales son también "los abusos que las multinacionales farmacéuticas
hacen del sistema de patentes".
"Mediante la obtención y extensión ilegítima de
monopolios sobre los medicamentos, las compañías fijan precios exorbitantes que
obran como barrera en el cumplimiento de la obligación del Estado de proveer
tratamientos para todos, desfinanciando los programas públicos de provisión de
medicamentos", afirmaron.
En enfermedades crónicas como el VIH o la hepatitis C, el
Estado argentino garantiza la provisión pública de medicamentos a través de
programas nacionales, aunque "su alto precio amenaza la sustentabilidad de
esos programas", señalaron.
"Hemos solicitado la audiencia frente a la CIDH para
alertar sobre las terribles consecuencias que esto tiene sobre la salud pública
y plantear la incongruencia que existe entre el sistema de patentes y los
derechos humanos en nuestro país y la región", insistieron, y subrayaron
que "si en los países en desarrollo existiera un acceso del 100 por ciento
a los medicamentos genéricos se podrían salvar 10.5 millones de vidas al
año".
Por otro lado, algunos de los mecanismos de defensa de la
salud pública, como las nuevas guías para el examen de solicitudes de patentes
farmacéuticas, que resguardan la adecuada administración del sistema de
patentes y aseguran la sustentabilidad económica de, como por ejemplo el
Programa Nacional de Provisión Gratuita de Medicamentos Antirretrovirales, son
objeto de acciones legales de las compañías farmacéuticas contra el Estado:
"Nosotros sostenemos que si ganan las patentes, pierde la salud de todos y
todas", alertó el colectivo.
La Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), organización
argentina co-peticionaria de la audiencia ante la CIDH, trabajó en conjunto con
la anterior gestión del Ministerio de Salud argentino logrando "avances
significativos" en materia de acceso a medicamentos, según explicó.
De esta forma se refirió al impulso que el ex ministro
Daniel Gollán le imprimió a la problemática y que concluyó con un comité de
Salud compuesto por todos los países de la Unión de Naciones Sudamericanas
(Unasur) para negociar la compra conjunta de medicamentos costosos con los
laboratorios, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
"Gracias al trabajo conjunto se logró la reciente
adquisición a un laboratorio nacional de una partida de la versión genérica de
sofosbuvir -tratamiento contra la hepatitis C- para personas en situación de
urgencia y la inclusión de una meta agregada de 90 por ciento de tratamientos a
precios asequibles en la adopción nacional de la 'Estrategia 90-90-90' de
Naciones Unidas en la respuesta contra el VIH/sida", detallaron a Télam.
Desde la FGEP precisaron que en la Argentina viven 126.000
personas con VIH y más de 69.000 reciben tratamiento antirretroviral, mientras
que siete de cada diez se atienden en el sistema público. Además, se estima que
cerca de 800.000 viven con hepatitis C, caso que constituye un "claro
ejemplo del abuso de las compañías farmacéuticas multinacionales".
"En el caso de la hepatitis C, el mencionado sofosbuvir
tiene un precio (para el tratamiento entero) de 84.000 dólares en Estados
Unidos. Si se otorga la patente a Gilead, la compañía que la solicita en
nuestro país, en Argentina ese tratamiento de tres meses podría costar
alrededor de 7.500 dólares, sin embargo el Estado adquirió recientemente una
partida de la versión genérica de sofosbuvir para personas en situación de
urgencia a un laboratorio nacional a 15 dólares la unidad", graficaron.
Y concluyeron: "La producción nacional, la oferta de
genéricos y la ausencia de monopolios favorecen la sustentabilidad de los
programas públicos de salud y el acceso a los medicamentos para las personas
que más los necesitan".
Fuente: Télam
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