Los trabajadores de la salud y de la educación pública en la
provincia de Buenos Aires son algunos de los que más sufren la violencia
social, tanto desde lo físico como desde lo psicológico, según coinciden
especialistas y actores del sistema sanitario y escolar.
Los trabajadores de la salud y de la educación pública en la
provincia de Buenos Aires son algunos de los que más sufren la violencia
social, tanto desde lo físico como desde lo psicológico, según coinciden
especialistas y actores del sistema sanitario y escolar.
En la provincia, los insultos, los golpes y el uso de armas
en las guardias de los hospitales públicos afectan a numerosos profesionales y
usuarios del sistema de salud. Las causas van desde la demora en la atención,
la escasez de recursos humanos o de insumos para atender a los pacientes, hasta
las roturas de equipos para los estudios.
Por ello, en marzo, el gobierno anunció la creación de la
Policía Sanitaria y la puesta en marcha de una prueba piloto en 31 de los 80
centros de salud públicos para reducir los ataques, que incluye el uso de
botones antipánico, cámaras de seguridad, refuerzo en las puertas y mayor
presencia policial.
Sin embargo, Norma Faravelli, secretaria de Salud Laboral de
la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP), dijo a Télam que
"los trabajadores de la salud siguen en una situación vulnerable en los
hospitales públicos de la provincia no solamente porque hay mayor violencia en
la sociedad sino porque no cuentan con los servicios e insumos necesarios para
atender a la gente y eso trae aparejado la ira y la intolerancia del
paciente".
Sostuvo que "se generan muchos episodios de violencia
y, en muchos casos, graves" y manifestó que "pero no hay que fomentar
la militarización de estos espacios porque no podemos criminalizar al paciente
que protesta o reclama". La referente de CICOP agregó que "los hospitales
públicos deben tener todo lo que se necesita para atender al paciente y
reforzar las guardias. Con esto vamos a disminuir muchísimo los casos de
violencia".
La directora provincial de Salud Comunitaria, Entornos
Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud, Carmen Storani, y la
psicóloga Gabriela Carobene, especializada en ámbitos laborales y coordinadora
del programa Hospitales Humanizados, reconocieron a esta agencia que "los
actos de vandalismo o los episodios de violencia entre médicos y pacientes
pueden derivar de causas vinculadas al sistema sanitario".
Detallaron que los motivos varían y pueden suscitarse a
partir de "las largas esperas, el desconcierto de los pacientes por falta
de señalización, irritabilidad y agresiones verbales, tanto por parte de familiares
como de los miembros del equipo de salud".
Contaron que "con el objetivo de cuidar a los que
cuidan", en esa cartera se conformó la mesa intersectorial "Por
hospitales libres de violencia", a través de la cual la ministra de salud,
Zulma Ortiz, y los gremios -UPCN, ATE, CICOP, AMRA, FEMEBA y FEMECON-
"trabajan en forma consensuada en la elaboración de estrategias destinadas
a abordar las manifestaciones de la violencia interna y la violencia
externa".
Las profesionales aseveraron que "la mesa sesiona en
forma semanal y está elaborando el protocolo de atención de casos de violencia,
que se encuentra en su etapa final de diseño" y precisaron que desde ese
espacio "se proyecta la creación e implementación de Unidades Regionales
de Gestión de Conflictos, interdisciplinarias y capacitadas, cuyas acciones
serán prevención, intervención, docencia, e investigación entre
2016-2017".
En las escuelas bonaerenses también se registran cada vez
más episodios de violencia e intimidación a docentes: según un informe de la
Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, en lo que va del año ya se
registraron 78 casos de agresiones hacia maestros, tanto verbales como físicas.
Para la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el
número es aún mayor. Un informe reciente del gremio sostiene que un docente por
día es víctima de agresiones verbales en la provincia de Buenos Aires, mientras
que se registran entre dos y tres episodios de violencia física hacia
educadores semanalmente.
El trabajo determinó que las agresiones físicas que los
docentes padecen son golpes, empujones, tomadas de cuello, tiradas de cabello,
cachetadas, trompadas o cortes con elementos y que los casos de violencia
verbal tienen que ver con insultos, descalificaciones y amenazas.
"El problema de la violencia en la sociedad es inmenso
y multicausal. Y en muchos casos, médicos, enfermeros, docentes y auxiliares
somos los que ponemos la cara ante las ausencias del Estado", sintetizó
Mirta Petrocini, titular de la FEB.
Por eso, la semana pasada, el director general de Educación
y Cultura bonaerense, Alejandro Finocchiaro, envió a la Legislatura un proyecto
de ley para modificar el Código de Faltas provincial en el que se propone penar
con arresto de 5 a 30 días y multas de más de 6.000 pesos a quienes agredan a
docentes bonaerenses.
Rosana Merlos, Secretaria de Derechos Humanos de Suteba
dijo, a esta agencia que "existen situaciones de violencia que antes no se
veían, lo cual tiene que ver con la modificación de los roles de los adultos en
la sociedad en general".
Analizó que "la escuela es un lugar distinto a la
escuela elitista que había en otro momento, cuando llegaba sólo un sector de la
sociedad. Antes los conflictos eran menos porque había menos gente en la
escuela y hoy hay mas situaciones de violencia".
Tanto desde Suteba como desde Feb consideraron que
"sólo con la modificación del Código de Faltas no alcanza ya que la
solución debe ser abordada de modo integral".
En ese sentido, la directora de Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social del Ministerio de Educación, Andrea Dure, explicó a Télam que
"más allá de que nosotros trabajamos para prevenir y anticiparnos al
conflicto que puede surgir en la escuela, la preocupación del ministro es
proteger a los trabajadores, que estén resguardados y por eso presentó ese
proyecto".
"Queremos que el clima escolar sea el adecuado para que
el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga lugar. Venimos trabajando desde
hace mucho tiempo con los distintos niveles para promover acuerdos de convivencia
dentro de las escuelas, entendiendo que la violencia es social y tiene su
repercusión dentro del ámbito educativo", afirmó.
"La violencia hacia docentes es un tema que nos
preocupa y nos ocupa", reconoció la profesional y argumentó que
"trabajamos para que los alumnos puedan estudiar dentro del marco del
respeto".
Duré precisó que desde 2012 los docentes cuentan con una
Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas y de
Vulneración de Derechos en el Escenario Escolar y opinó que "es
fundamental fortalecer el vínculo entre la escuela y la familia, lo que permite
entendernos y manejarnos en el diálogo, en los acuerdos, y en prevenir
conflictos".
Fuente: Télam
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