Se reabre el debate legislativo sobre los vientres sustitutos

Esta figura fue excluida del Código Civil, pero hay dos iniciativas en la Cámara de Diputados para regular la práctica; en el país ya hay unos 20 chicos nacidos mediante esta técnica.

Para Paola Cuello, de 33 años, ésta es la única chance de ser madre: que otra mujer reciba el embrión de ella y su marido y lleve adelante el embarazo. Tiene el síndrome de Rokitansky: nació sin útero, aunque sí tiene ovarios. Por eso, guarda la ilusión de que se sancione una ley que autorice en el país la gestación por sustitución. En ese caso, ella y Jairo, su marido, podrán cumplir el sueño de ver crecer a sus hijos en su casa de Junín. 

Pensaron en otras opciones. Desde hace seis años están inscriptos en el registro de parejas que quieren adoptar. Cada año, renuevan su voluntad de convertirse en padres. Pero vuelven a desilusionarse, porque nunca los llamaron y ese hijo no llega.

"Pienso que es la única chance real que tengo. A veces me ilusiono, pero no me animaría a hacer el tratamiento sin tener una ley que lo avale", cuenta. "Me daría miedo".

Aunque en otros países la gestación por sustitución es una práctica legislada, e incluso en algunos lugares se permite el alquiler de vientre, en la Argentina existe un vacío legal. Esto significa, que si bien la técnica no está prohibida, -de hecho existen centros de fertilización asistida que la realizan- tampoco está regulada.

En la práctica, implica que quienes nacen por este método, ya sea en el país como en el exterior y se radican en la Argentina, deben atravesar larga una batalla judicial para ser inscriptos como hijos de sus propios padres biológicos. Mientras tanto, al menos en los papeles, son hijos de la mujer que lo llevó en su vientre, ya que, incluso en el nuevo Código Civil, madre es la que dio a luz. 

La semana pasada, ingresaron dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados que buscan regular la subrogación de vientre, un tema que ya generó fuertes controversias entre la Iglesia y en grupos feministas. El primer proyecto fue presentado por un grupo de investigadores del Conicet, que trabajaron por dos años en conjunto con la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer). Dentro de la Cámara, la iniciativa es presentada por la diputada Analia Rach Quiroga, (Frente para la Victoria-Chaco). Profundiza la línea del anteproyecto del Código Civil respecto de la gestación por sustitución. El texto original incorporaba esta figura, aunque después se decidió excluirla.

"Fue quitada por presión de la Iglesia y por grupos feministas que entienden que esta figura cosifica a la mujer e involucra una nueva modalidad de explotación. Justamente por esta preocupación, el proyecto pretende proteger a las mujeres gestantes de diversas maneras, entre ellas, limitando la cantidad de veces que puede ser gestante", explica Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia, miembro de la comisión redactora del nuevo Código Civil y una de las investigadoras del Conicet.

"Es un gran avance que se haya hecho en diálogo con la comunidad científica. Hoy, el factor uterino tiene una incidencia del 3 por ciento de los casos de infertilidad", explica Stella Lancuba, directora del Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva (Cimer) y una de las expertas que trabajaron en el proyecto. "Debería discutirse el marco de la aplicación de los recursos, porque incluso en fertilización asistida, no hay una implementación equitativa", apuntó.

El texto establece límites. La gestante no recibirá un pago, aunque sí una compensación económica, por los gastos y una cobertura especial durante el embarazo y nacimiento. La mujer tiene que haber tenido por lo menos un hijo, por el riesgo de pérdida del útero y para que comprenda ampliamente el significado de lo que está haciendo. Deberá ser menor de 35 años, aunque este punto está en debate. No podrá aportar sus óvulos. Sólo prestará su vientre para que crezca el embrión, que deberá estar formado por los gametos de al menos uno de los miembros de la pareja.

El proyecto establece que existirá un equipo multidisciplinario en los juzgados de familia que deberá determinar la aptitud de las partes para participar en el tratamiento, desde lo psicológico, lo médico y lo jurídico. Quien decida tener un hijo mediante esta técnica deberá acreditar un impedimento físico real para gestar. El tratamiento no se podrá realizar sin ese dictamen judicial. "Se busca regular el proceso judicial previo en el que el juez, con la intervención interdisciplinaria, analice si están dadas las condiciones psicosociales", dice Herrera.

Evaluaciones

La falta de legislación actual sobre la gestación por sustitución habilita a que la técnica hoy se aplique en el país. El centro de reproducción asistida Halitus, de Sergio Pasqualini, lleva hechos 18 tratamientos desde 2013, de los cuales, 13 resultaron en nacimientos. Pasqualini deja en claro que ellos no buscan a la gestante, sino que es la misma pareja la que presenta a la mujer que con fines solidarios se ofrece a llevar adelante el embarazo. La mayoría de las veces se trata de un lazo familiar o de amistad.

Antes de avanzar en el tratamiento, se le realiza una evaluación psicológica y legal. Halitus trabaja con la abogada Fabiana Quaini, especialista en derecho de familia que patrocinó las demandas de muchas de las parejas que reclamaron el reconocimiento de la paternidad tras la gestación por sustitución. "Me parece que el proyecto es un avance, aunque no estoy de acuerdo con que exista una instancia judicial que analice y dictamine si una pareja puede realizar o no un tratamiento. Pienso que esa evaluación no debería estar en la órbita judicial", apunta Pasqualini.

En marzo pasado, en un fallo sin precedente, la Justicia autorizó a una pareja a anotar como propio a un hijo que tuvieron mediante subrogación de vientre, y dictó la inconstitucionalidad del artículo 562 del nuevo Código Civil, que indica que la madre de un niño es quien lo da a luz.

El proyecto de ley retoma el fallo y suma otros 11 casos en los que se otorgó el reconocimiento y apunta a que se trata de una situación cada vez más frecuente, que deriva en una batalla legal que durante años impide a estos niños ser reconocidos como hijos de sus padres biológicos.

Un punto que aborda el proyecto de ley y que despierta controversia es el que habla de quien deberá cubrir el tratamiento. Según el texto, el propio sistema de salud de la pareja deberá generar una cobertura que incluya a la gestante y a todos los tratamientos vinculados al embarazo y nacimiento, algo que sin duda generará el rechazo de las empresas de medicina privada.

El proyecto, además, propone incorporar al Código Penal un artículo que fija una pena de tres a seis años de prisión para quien intermedie entre una pareja o persona y la gestante. Esto, porque se establece que debe existir un "vínculo afectivo" entre las partes. Se quiere evitar que se lucre, aunque el término puede resultar ambiguo.

El otro proyecto que se presentó la semana pasada es impulsado por la Federación Argentina LGTB, y difiere en este punto. "Por el contrario, impulsamos la creación de un registro de gestantes solidarios, para poder conectar a personas que quieren tener hijos y no pueden, por distintas razones, con aquellos que, por altruismo, estarían dispuestos a llevarlo adelante", explica María Rachid, una de las impulsoras del proyecto presentado en la Cámara por la diputada Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria, Corrientes).

Hace una semana, la Federación LGTB publicó un aviso clasificado en LA NACION convocando a la inscripción voluntaria de personas gestantes en el registro. Se anotaron una mayoría de parejas que atravesaban algún impedimento físico para tener hijos. No hubo hasta el momento gestantes solidarios inscriptos, aunque sí muchas personas llamaron o escribieron mails para interiorizarse. "Es un largo camino,", explica Rachid.

"El tema plantea un debate filosófico de hasta dónde el hombre puede avanzar. Creo que la posibilidad de que un hijo se geste y se desarrolle fuera del vientre materno es uno de ellos", apunta el abogado Andrés Beccar Varela, especialista en derecho de familia.

Fuente: La Nación