Fue aprobada en comisiones y será tratada en Diputados.
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Alrededor del 10% de la población sufre dislexia: en la
mayoría de las aulas argentinas hay por lo menos un chico con este trastorno de
aprendizaje, que es hereditario y genera fracaso escolar. El proyecto determina
que las obras sociales y prepagas cubran los tratamientos: hoy solo el
diagnóstico cuesta un promedio de 4.000 pesos.
Ayer a las 15.30 la Asociación Dislexia y Familia (DISFAM),
principal impulsora de la ley, organizó un abrazo al Congreso. Hace unos días,
la iniciativa había recibido el apoyo público de Marcelo Tinelli, entre otras
celebridades que se expresaron a favor de la ley.
La dislexia es el trastorno del aprendizaje más frecuente,
definido por las neurociencias como “neurobiológico” y hereditario, que impide
que los chicos aprendan a leer de forma fluida y precisa. Distintas
investigaciones en Estados Unidos y Europa señalan que afecta a entre el 5 y
10% de la población.
El proyecto de ley que discutirá Diputados prevé que estos
alumnos reciban un “abordaje integral e interdisciplinario”, exige una
“detección temprana de las necesidades educativas” de los chicos y establece un
sistema de capacitación para que los docentes sepan cómo adaptar la currícula
para ellos. También establece que las obras sociales y prepagas cubran los
tratamientos, al incluirlos dentro del Plan Médico Obligatorio.
La mayor resistencia al proyecto viene de algunos
psicoanalistas que argumentan que la “dislexia” no existe o se utiliza como una
etiqueta que estigmatiza a los chicos. “El niño que tiene dislexia y no cuenta
con un diagnóstico recibe otras etiquetas: los tildan de vagos; ellos mismos
empiezan a sentir que no les da la cabeza. Esos son los verdaderos estigmas”,
plantea Gustavo Abichacra, pediatra y presidente de Disfam. Abichacra subraya
que “es fundamental la detección temprana, a los 3 o 4 años”.
Disfam y otras organizaciones impulsaron normas para que las
escuelas se adapten a la dislexia en provincia de Buenos Aires, donde rige una
resolución desde 2013, y en Neuquén, donde este año se aprobó una ley
provincial.
Fuente: Clarín
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