Embriones congelados: un dilema ético que se busca salvar con una ley

Se calcula que hay 20 mil de ellos en el país. Esta semana, se presentó en el Congreso una iniciativa que plantea cuatro opciones para disponer de ellos. 

En los tratamientos de fertilización asistida suele producirse una cantidad de embriones mayor a la que se termina por utilizar, por lo que una vez logrado el embarazo, esos embriones remanentes suelen congelarse para ser utilizados en un futuro si la paciente desea tener otro bebé. Pero lo cierto es que esto no siempre ocurre y el destino de ese material genético, que para muchas personas constituye un ser sujeto de derechos, termina hoy quedando a criterio de cada médico o centro de fertilidad.

En respuesta a este dilema ético se presentará hoy en el Congreso de la Nación un proyecto impulsado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, académicos y asociaciones civiles que busca subsanar el vacío legal.

Formalmente ingresado a la Cámara de Diputados el 1º de marzo último, el proyecto amplía una iniciativa anterior que perdió estado parlamentario en noviembre tras haber conseguido media sanción.

“Es un proyecto mucho más abarcativo y detallado”, explica Natalia de la Torre, una de las abogadas que brindó asesoramiento para ese proyecto, presentado por la diputada Analía Rach (FPV).

La norma busca subsanar vacíos legales que aún persisten tras la sanción de la ley de Fertilidad y la reforma del Código Civil, tales como la protección del embrión in vitro no implantado, el destino de los embriones congelados (criopreservados), el control y registro de los bancos de donantes de óvulos o espermatozoides (gametos), la cantidad de veces que una persona puede donar y qué sucede con los embriones criopreservados en caso de fallecimiento o ruptura de la pareja propietaria, entre otras.

“La gran conquista, de convertirse en ley este proyecto, será que desaparezcan los casos de judicialización. Porque lo cierto es que si bien la ley de acceso integral a los tratamientos pretendía evitar que siguieran llevándose a la Justicia los casos en pos de lograr la cobertura, resulta que hoy tenemos un montón de demandas referidas a los temas aún no regulados”, explicó.

“El objetivo es también darle certezas y seguridad jurídica a todos los particulares intervinientes en el proceso y garantizar el derecho a la identidad de los niños que nazcan con técnicas heterólogas (con material donado por terceros), en un país que tiene una tradición tan importante en esa materia, a partir de la creación de los registros de donantes”, comenta de la Torre.

Cuatro opciones

El aspecto más urgente es también el más controvertido del proyecto: los posibles destinos de los gametos y embriones criopreservados.

La iniciativa estipula cuatro opciones: la utilización por parte de los titulares para posteriores tratamientos de fertilización, la donación con fines reproductivos, la donación para la investigación científica y el “cese de la criopreservación” (descarte).

El texto establece además que los embriones sobrantes se criopreserven por un período máximo de 10 años, pero “vencido el plazo y si persiste el silencio, el destino es la investigación”.

“Ahí está el gran nudo y el gran debate: que sean las partes o la parte las que decidan cuál será el destino de los embriones” ya desde la firma del consentimiento informado y, en el caso de una pareja, “si no acuerdan poner el mismo destino, la práctica no se podrá realizar”.

De la Torre explicó que de esa forma se busca dar solución al problema que representa un estimado de “20.000 embriones criopreservados en distintos centros de fertilidad del país”, cuyos titulares no hicieron especificaciones sobre el destino ni volvieron a reclamarlos, pero no son desechados por temor a demandas judiciales posteriores.

No obstante, señala de la Torre, “se sabe que hay descartes encubiertos por parte de los titulares de algunos embriones, que los retiran de esos centros diciendo que los van a llevar a otro banco pero nunca lo hacen”.

Fuente: El Día