Si no se trata antes
de fin de año, perderá su vigencia y volverá “a foja cero”. Las organizaciones
que lo impulsan aseguran que hace tres años trabajan en su elaboración y
discusión, y piden que se tomen medidas para evitar que se pierda ese trabajo.
Sospechas de un trasfondo político en la negativa a aprobar la iniciativa.
La semana pasada, organizaciones de pacientes realizaron un
“banderazo” frente al Congreso, para reclamar el tratamiento de la nueva ley de
Sida, que actualiza la normativa vigente, y entrega más cobertura de
medicamentos, entre otros beneficios, La norma incluya a personas con hepatitis
virales y otras enfermedades similares, y fue aprobado en la Comisión de Salud
en junio de este año, pero no logra ser tratada en el resto de las comisiones y
en el recinto. Sus promotores advierten que si no se logra su aprobación este
año, el proyecto perderá estado parlamentario, y habrá que volver nuevamente a
iniciar el proceso de aprobación. Aseguran que si esto sucede se perderán tres
años de trabajo. En el medio, intereses partidarios parecen complicar su futuro
tratamiento.
Las entidades que trabajan por la nueva ley de Sida y
Hepatitis Virales están preocupadas porque el proyecto puede volver “a foja
cero”. Es que si no se aprueba este año, perderá estado parlamentario, y se
volverá al inicio, tres años atrás. Así lo expresaron en la actividad realizada
la semana pasada en el Congreso, donde alertaron sobre esta situación. “Este
proyecto tiene 3 años de trabajo y participaron todas las organizaciones de la
sociedad civil en trabajo con VIH-Sida”, aseguró José María Di Bello, de la
fundación GEP, una de las pioneras en esta tarea. "Exigimos que la
Comisión de Legislación General y la Comisión de Presupuesto y Hacienda
convoquen a una reunión conjunta para darle tratamiento y dictamen al proyecto
en el que las organizaciones de afectados hemos venido trabajando
consensuadamente, a fin de llegar a tiempo al recinto y que no pierda estado
parlamentario”, agregó.
Según informó la fundación GEP, uno de los avances de este
nuevo proyecto es la incorporación de garantías para la prevención y
tratamiento de las hepatitis virales y las ITS (actualmente las hepatitis no
cuentan con marco normativo; hay faltantes de medicamentos para hepatitis C y
500 personas están en lista de espera para acceder a la cura). Además, incluye
los aspectos sociales de las enfermedades con perspectiva de Derechos Humanos;
contempla a niños y niñas, adolescentes y jóvenes nacidos con VIH; prevé la
conformación de un observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas
con VIH y su entorno; así como sanciones ante la discriminación en el acceso al
empleo. En la Argentina aproximadamente 126 mil personas viven con VIH y 800
mil, con hepatitis C. La Ley Nacional vigente 23.798 fue sancionada en 1990 y
si bien en su momento fue innovadora y eficaz, actualmente resulta insuficiente
y atemporal. “Es urgente para nuestro país contar con una nueva ley que tenga
enfoque integral y perspectiva de derechos humanos y necesitamos el compromiso
de nuestros representantes en el Congreso para lograrlo”, expresa Lorena Di
Giano, Directora Ejecutiva de esta entidad.
Según la información que circula, se tema que haya un
trasfondo político en la negativa a tratar el proyecto. El mismo fue presentado
por un legislador del Frente para la Victoria, y aprobado por la Comisión de
Salud, que preside la opositora Carolina Gaillard. En tanto, los oficialistas
Daniel Lipovetzky y Luciano Laspina presiden las comisiones que se niegan a
tratarlo, lo que hace sospechar de una disputa política. “Como fue presentado
por un legislador del Frente para la Victoria, esto a veces es leído como que
el proyecto tiene sesgo partidario, que por supuesto no lo tiene”, aclaró Di
Bello. Esto fue comentado por algún legislador durante la jornada de la semana
pasada, único dato real para que el tratamiento del proyecto esté trabado.
Fuente: Mirada Profesional
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