El flamante ministro
de Salud dijo que existe una “fuerte decisión” del gobierno en consensuar la
puesta en vigencia de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de
Tecnologías de Salud (AGNET). Su objetivo será “ordenar la política de
cobertura en la Argentina”.
En el marco de la XLI Reunión de Ministros de Salud,
realizada la semana pasada en la ciudad brasilera de Foz de Iguazú, el flamante
ministro de salud nacional Adolfo Rubinstein volvió a hablar de la nueva agencia
de control de medicamentos, uno de los proyectos lanzados por el ex titular de
la cartera Jorge Lemus que tendrá continuidad en la actual gestión. Si bien
hace cerca de un año que la iniciativa está trabada en el Congreso, el gobierno
insiste que es una prioridad para el 2018, ya que la evaluación de las nuevas
tecnologías en materia sanitaria será una de sus prioridades. Además, el
funcionario destacó el gasto en salud de la Argentina, y propuso optimizarlo.
Planes en conjunto con Brasil, otro objetivo.
Rubinstein volvió a referirse a la denominada Agencia
Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), que no logra ser
aprobada en el Congreso, y ratificó que será uno de sus objetivos de gestión.
El titular de la cartera sanitaria nacional definió que la evaluación de las
tecnologías y su monitoreo “son otro de los lineamientos importantes” de la
gestión. “La Argentina está embarcada en la creación de la AGNET que está hoy
en el Congreso, con una fuerte decisión del presidente y del gobierno para
ponerla en funcionamiento en pocos meses”, sostuvo, según un comunicado
difundido por la cartera sanitaria.
El funcionario sostuvo que eso “va a ordenar la política de
coberturas en la Argentina de acceso a medicamentos, tratamientos e insumos, redefiniendo
el Plan Médico Obligatorio (PMO)”. Rubinstein indicó que la revisión del PMO
“va estar ligado a las evaluaciones de la nueva agencia que va a definir el
marco de inclusión de nuevas tecnologías dentro de una política más
transparente, objetiva y explícita”.
Según el proyecto original, la AGNET determinará qué
tratamientos y estudios tienen la suficiente validez para ser cubiertos por la
seguridad social, incluyéndolos en el PMO. Si la agencia decide que un
medicamento, por ejemplo, no cuenta con el aval científico necesario, le
entregará un informe al juez que reciba un amparo judicial, recomendando que lo
rechace. Se estima que sus aportes serán vinculantes, es decir, que deberán
cumplirse. El proyecto de la nueva agencia figura en el último apartado de la
propuesta que el gobierno prevé enviar al Congreso, aunque se estima que no
logrará tratamiento antes de fin de año. Uno de los objetivos es lograr frenar
la denominada judicialización de la cobertura de salud. Según datos oficiales
de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entre enero y el 18 de
octubre de este año “se presentaron ante la justicia 2.802 amparos que
reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos, medicamentos o
instrumentos médicos no incluidos en el PMO”. De las presentaciones, agregó la
SSS, 1.668 casos correspondieron a reclamos por motivos generales como
medicamentos (335), afiliación (527), cirugías (190), prótesis (71) y
problemática prestacional (423), en tanto que los restantes 1134 estuvieron motivados
por planteos en materia de discapacidad (prestaciones, transporte, seguridad,
afiliación, etc). Sólo se rechazaron 11. Esto marca una suba del 30 por ciento
respecto a 2016.
En tanto, Rubinstein habló de otros objetivos que tendrá
para el 2018, y destacó que se está trabajando en lineamientos que buscan
“modificar la lógica de financiamiento y de organización del sistema de salud,
integrándolo” y explicó que “esto es muy ambicioso, ya que en la Argentina
aproximadamente dos terceras partes de la población tiene cobertura de seguros
sociales y un tercio de la población depende exclusivamente de la cobertura del
sector público que a su vez está descentralizada en las provincias o
municipios. Por lo tanto, es un desafío para comenzar a delinear políticas que
integren los servicios de salud”. Para ello, el funcionario expresó que es
necesario “un financiamiento atado a resultados, para empezar a cumplir y dar
cuenta de objetivos acordados entre todos, que exprese las métricas a las
cuales todos tenemos que llegar: la reducción de la mortalidad infantil, la
neonatal y de la mortalidad materna; la reducción del embarazo adolescente no
intencional y hasta metas como la reducción y control de enfermedades crónicas
como la hipertensión arterial, la obesidad o políticas públicas vinculadas con
la prevención y control de la obesidad y la obesidad infantil”.
Fuente: Mirada Profesional
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