Diputados de todos los partidos políticos se unieron hoy
para oficializar el proyecto de ley de Interrupción voluntaria del embarazo,
impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito, y comenzará a ser tratado en Comisiones el 20 de marzo.
Puntualmente, el proyecto presentado sostiene que "en el ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer puede decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional" y "debe acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de cinco días desde su requerimiento".
La conferencia de prensa se llevó a cabo en un salón colmado
por dirigentes políticos y militantes feministas que impulsaron el proyecto. La
diputada Brenda Austin sostuvo que se trata de un “momento histórico” que
“tiene que ver con una de las deudas de la democracia”.
En la misma línea, Victoria Donda, una de las principales
impulsoras de la ley, expresó que, de ahora en más, es responsabilidad
exclusiva de los legisladores que el debate llegue al recinto, donde la
discusión será apoyar entre “abortos clandestinos o el aborto seguro”.
En los últimos años, el proyecto de ley para despenalizar la
práctica del aborto en Argentina perdió estado parlamentario siete veces. Fue
presentado por primera vez en el año 1937 y la última fue en junio de 2016.
Para que la iniciativa logre ser debatida en el recinto
deberá ser aprobada primero en las Comisiones de Legislación General;
Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y
Salud Pública
Por ese motivo, para evitar que el proyecto quede trunco
nuevamente, fue presentado con carácter "transversal", lo que le da
la oportunidad a cada legislador de decidir de acuerdo a sus creencias
personales y no bajo la ideología de su partido.
La transversalidad se reflejó en el récord histórico de
firmas que cosechó el proyecto, donde 71 diputados, entre los que se destacan
Martín Losteau, Máximo Kirchner, Romina del Plá, Nicolás del Caño, Josefina
Mendoza, Daniel Filmus y Nilda Garré.
Datos que respaldan el proyecto
El aborto es la principal causa de mortalidad materna en
gran parte del país. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación , en 2015
murieron 55 mujeres por abortos clandestinos.
Según las estadísticas, por año, se practican entre 370.000
y 522.000 abortos clandestinos y en los hospitales públicos de todo el país se
registran 53.000 internaciones por abortos al año. Estos números no contemplan
las prácticas que se realizan en instituciones privadas, lo que haría ascender las
cifras considerablemente.
Del total de las internaciones registradas, cerca del 15 por
ciento corresponden a niñas y adolescentes menores de 20 años, y el 50 por
ciento a mujeres de entre 20 y 29 años.
Por otra parte, a pesar que existe un fallo de la Corte
Suprema de Justicia que indica que el aborto es legal cuando exista peligro
para la salud o vida de la mujer y en todos los casos de violación, sólo ocho
provincias tienen un protocolo de aborto no punible: Chaco, Chubut, Jujuy, La
Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Ocho provincias entre las que se encuentran Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén,
Buenos Aires, Río Negro, Salta y Ciudad de Buenos Aires elaboraron protocolos
que no se ajustan a lo establecido por la Corte y dificultan el acceso a la
práctica.
Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis,
Santiago del Estero y Tucumán no cuentan con ningún tipo de protocolo para
estos casos.
En 2012, el Máximo Tribunal a través del del fallo “F. A.L.”
indicó que el aborto legal debe realizarse sin necesidad de autorización
judicial y que en casos de violación basta con la declaración jurada de la
mujer.
Fuente: Diario Judicial - Acceder al Proyecto de Ley
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