Rubinstein afirmó que si se aprueba la ley ya no habrá
trabas para la aplicación en las provincias, como hoy sucede con el protocolo
de casos no punibles.
Con media sanción en Diputados, la ley de aborto avanza con
grandes posibilidades de ser finalmente sancionada en el Senado, donde aún debe
ser sometida a debate. De aprobarse el proyecto actual, el sistema de salud
deberá adaptarse para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de
cualquier mujer que lo solicite, hasta la semana 14.
Por eso, el Ministerio de Salud de la Nación ya está
preparando una evaluación de costos. "Queremos saber cuáles serían los
recursos que se necesitarían para dar cuenta de la demanda para interrupción
del embarazo en condiciones seguras. Ya lo estamos haciendo, aunque en base a
los datos que tenemos y que son imprecisos", afirmó a Clarín el ministro
Adolfo Rubinstein, que se manifestó "contento" por la media sanción
del proyecto. "El sistema de salud argentino está preparado y en
condiciones de responder" en caso de aprobación.
“El único dato que tenemos es el de egresos hospitalarios
que dan cuenta del aborto complicado. El 70% de esos egresos son por abortos
inducidos. No sabemos en detalle qué pasó con esos abortos complicados, sabemos
que muchos terminan en terapias intensivas, muchos con cirugías mayores y
complicaciones a largo plazo. La realidad es que esos 40 a 50 mil abortos que
ingresan al sector público, representan el 50% de las camas. No sabemos qué
ocurre en el sector privado, porque no tienen obligación de reportarlo. Aunque
también es probable que las complicaciones se concentren en el sector público
porque es una problemática que afecta más a sectores de bajos recursos”, añadió
el ministro.
Tomando la estimación del estudio que realizó en 2005 Edith
Pantelides, de unos 500 mil abortos al año y que el ministro califica como un
trabajo “muy serio” es que están trabajando para hacer la estimación de costos.
“No es un número al azar, es un rango. En función de todo eso se puede hacer
una estimación de recursos y demanda”, agregó Rubinstein.
El ministro se mostró además entusiasmado en que con la
eventual sanción definitiva de la ley se terminarán los problemas que
actualmente tienen con algunas provincias que no adhieren al protocolo de
Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “Tenemos serias dificultades para hacer
cumplir la ILE, porque hay provincias que obstaculizan su aplicación. Con la
ley esto se acabaría. Si bien los servicios se prestan en las provincias o
municipios, porque hay pocos efectores de salud nacionales, desde la Nación
vamos a seguir apoyando desde los programas”, señaló el ministro.
Sobre la implementación del programa, Rubinstein afirmó que
la forma más segura de aborto es el aborto farmacológico de misoprostol
combinado con mifepristona, una droga que no está todavía aprobada en la
Argentina, pero “se tendrá que aprobar”, dijo. “Esta combinación -siguió el
funcionario- produce aborto en el 95% de los casos dentro de las 10 semanas de
embarazo. Prácticamente no necesita consulta en el hospital”.
En cuanto a los costos, el ministro dijo que “los costos del
aborto se dan con las complicaciones, con el aborto seguro esos costos bajan
dramáticamente”.
En la Provincia de Buenos Aires también creen que estarán en
condiciones de responder, en caso de aprobación. “Como Ministerio de Salud
venimos monitoreando el tema y entendemos que nuestro sistema está preparado,
en caso de que salga la ley. Si se aprueba, vamos a adaptarnos a la ley
vigente”, afirmó a Clarín el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
Andrés Scarsi. “En este caso –dice el funcionario- es la ley de aborto, pero
pasa habitualmente con cobertura de medicamentos y los sistemas tienen que
adaptarse”.
En la Provincia, añade el Ministro, cuentan con una red de
80 hospitales zonales, interzonales y una red de efectores municipales con la
que pueden poner en práctica la ley sin mayores dificultades. “Nuestro trabajo
es garantizar la accesibilidad en caso de que la ley avance”.
Si bien habitualmente se habla del alto costo del
misoprostol (la droga que se utiliza para practicar un aborto farmacológico
hasta la semana 14 de embarazo), el sistema público de salud puede hacerse de
la droga mediante licitaciones a un precio mucho menor que el de mercado.
Mientras en forma particular se pueden obtener los 12 comprimidos necesarios
para realizar un aborto farmacológico por un valor por arriba de los 3.000
pesos, el sector público puede pagar la mitad.
De hecho, en las provincias y distritos (como CABA) donde se
aplica la Interrupción Legal del Embarazo, según los términos que dispone el
fallo de la Corte Suprema de 2012, que aclaró los alcances del artículo 86 del
Código Penal, ya se utiliza el misoprostol como método de aborto farmacológico
en los hospitales públicos. De aprobarse esta ley, se ampliará el universo de
mujeres que tendrán acceso a esta droga.
Fuente: Clarín
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