La cantidad hogares que contratan seguros privados de salud
en forma directa cayó en la Ciudad al menor nivel desde 2015. También son menos
los afiliados por derivación de aportes.
Por los reiterados incrementos de las cuotas, la disminución
del poder adquisitivo de la población y la mayor cantidad de afiliaciones por
la vía de una obra social, está achicándose el padrón de los afiliados
voluntarios a los servicios de medicina privada. En la Ciudad de Buenos Aires,
según las últimas estadísticas, la cantidad de personas que atienden su salud
por esta vía se viene reduciendo.
Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la
Ciudad marcan que, en el primer trimestre de este año, apenas el 6,1 % de las
familias porteñas declararon contar con un plan de medicina prepaga por
contratación voluntaria para todos sus integrantes. Es el porcentaje más bajo
de toda la serie, iniciada en 2015. Un año atrás, en el primer trimestre de
2017, la marca había sido del 10 %. Mientras que, en 2015 y 2016, había
oscilado entre 7,5 % y 9,8 %.
Se trata de los pacientes que sienten más el impacto de los
aumentos, dado que, sin aportes derivados, deben afrontar cada mes el costo
completo de los planes médicos.
El grueso la población porteña —el 46,1 %— tiene cobertura a
través de las obras sociales y 17,3 % de las prepagas, pero por la vía de
derivar los aportes o descuentos de salud sobre los salarios a una obra social.
El resto se atiende en hospitales públicos, mutuales o servicios de
emergencias.
Los datos revelan que también los que derivan sus aportes a
una prepaga son menos. Del 21,6 % que lo hacía en 2015, en 2017 disminuyó al
17,3 %. Y la afiliación voluntaria prepaga descendió del 11,2 al 10,7 %. En dos
años, una caída mayor a 5 puntos.
Con los saltos inflacionarios de los últimos años, más el
encarecimiento de los costos médicos, las cuotas de las prepagas vienen
teniendo cuatro ajustes anuales. En lo que va de 2018, hubo dos: 4 % en febrero
y 7,5 % en junio, acumulando 38,5 % en los últimos 12 meses.
Los planes de las prepagas tienen un costo promedio de $
3.500 para una persona de edad mediana, mientras para un matrimonio joven con
dos hijos menores, en un plan sin reintegros, ronda los $ 8.500. En ambos
casos, más IVA. Con pago por débito automático, descuentan un 10 %.
Hugo Magonza, titular de la Asociación Civil de Entidades
Médicas Integradas (Acami) y de la Asociación Latinoamericana de Sistemas
Privados de Salud (Alami), le dijo a Clarín que en el país “el sector prepago
ronda las 6 millones de cápitas, pero este número está fuertemente sustentado
en la opción de cambio, que permite que afiliados a obras sociales deriven su
aporte a una prepaga”. “La afiliación voluntaria es decreciente: el sector de
las empresas de Medicina Prepaga contaba con cerca de 3 millones de
beneficiarios voluntarios hace algo más de 15 años, pero ahora no supera
1.200.000”, detalló.
Magonza agregó: “Los nuevos afiliados son producto de la
desregulación y, en el último tiempo, del Monotributo. El trabajador
independiente, al encuadrarse en este régimen impositivo, tiene la posibilidad
de optar por una obra social, transferir en la actualidad $ 536 al mes y evitar
el pago del IVA, del 10,5 %, que abonaría en caso de ser un voluntario
directo”.
En esos casos, si el costo del plan es superior a los
aportes de Salud, el afiliado paga la diferencia —que viene en aumento— con
relación a lo que ingresa en la prepaga.
El directivo prevé, en tanto, que la afiliación individual
“se reducirá a un grupo residual por la obligación de contratar planes
integrales, los costos en salud siempre crecientes, muy por encima de la
inflación, y la incorporación de coberturas sociales y médicas que no estaban
incluidas en los planes originales”.
“Todos estos factores —concluyó— hacen que entidades
pequeñas y medianas estén muy afectadas en su sustentabilidad, generando una
salida desordenada del sector, vendiéndose, fusionándose o desapareciendo. Por
otra parte, trae aparejado un efecto no deseado por la ley: actualmente, 83 %
de los afiliados están en 10 entidades, lo que produce una concentración que no
es buena ni para los beneficiarios, que pierden alternativas de elección, ni
para profesionales y prestadores, ya que en muy pocos se concentra el poder de
compra.”
Fuente: Clarín
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