Ahora que las prepagas y obras sociales deben cubrirlos, hay
21 mil al año. Pero aún quedan trabas, según expertos.
A cinco años de la sanción de la ley 26.862, en la Argentina
se duplicó el número de tratamientos de fertilidad. Actualmente se registran
21.000 ciclos al año de fertilización de alta complejidad, según la Sociedad
Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER), frente a los 10.000 previos a la
sanción de la norma, en 2013. Sin embargo, expertos afirman que el país aún
está muy lejos de alcanzar su potencial, estimado en 60.000 fertilizaciones
anuales.
“Un gran porcentaje de personas aún hoy no acceden al
tratamiento, estimamos que por factores sociales, culturales, económicos o de
conocimiento, más allá de la cobertura”, explica a Clarín Stella Lancuba,
vicepresidenta de SAMER y directora del Centro de Investigaciones en Medicina
Reproductiva (CIMER).
La ley, sancionada el 5 de junio de 2013, buscó garantizar
el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de
reproducción asistida. Desde entonces, obras sociales y prepagas comenzaron
cubrir esos tratamientos de alto costo, que antes sólo eran accesibles para
quienes pudieran pagarlos o consiguieran un amparo.
“Hoy las obras sociales y prepagas están cumpliendo con la
ley. Aceptan los tratamientos de alta y baja complejidad. Si bien algunas ponen
palos en la rueda, terminan cumpliendo”, afirma a Clarín Nicolás Neuspiller,
coordinador general del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida
del Ministerio de Salud de la Nación. “Desde el Estado –sigue-, entre 2016 y
2017 pusimos a funcionar consultorios de fertilidad en cada una de las
provincias. Hay tres centros de alta complejidad en Córdoba, Tucumán y Bahía
Blanca (Buenos Aires), y recientemente firmamos un convenio con el Hospital de
Clínicas, en la Ciudad de Buenos Aires”.
La Provincia fue pionera en el tema. En 2011 inició un
programa de Fertilización Asistida que ya lleva realizados 781 tratamientos de
alta complejidad y 901 de baja. Según informó el Ministerio de Salud bonaerense
a Clarín, el programa lleva logrados 445 embarazos en servicios de hospitales
públicos.
“Con la ley nacional se mejoró mucho el acceso y se
duplicaron los casos. Pero el número aumentó a 20.000 tratamientos anuales, y
se estancó ahí. La expectativa era estar hoy en 40.000”, sostiene Sergio
Papier, director médico del Centro Privado de Medicina y Genética Reproductiva
(CEGYR) y ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina
Reproductiva (ALMER). “En mi opinión –continúa- es porque aumentó el acceso en
el sector privado, pero no en el sector público. Y no tanto por una cuestión de
políticas públicas, sino porque ahí hay otras necesidades por cubrir antes que
la reproducción asistida.”
“Cada día se va cumpliendo más la ley. Las obras sociales
son las que más cumplen. Con las prepagas cuesta un poco más, pero terminan
cumpliendo. Y vemos que cada día se hace más para que quienes no tienen
cobertura puedan acceder a los tratamientos”, sostiene Gisela de Antón,
presidenta de la asociación Concebir.
Sin embargo, la ley –que se enfocó en la cobertura de los
tratamientos, pero no los reguló- dejó algunos vacíos legales. Por ejemplo, qué
se debe hacer con los embriones congelados no transferidos. “Ese es un tema que
nadie quiere tocar”, dice Papier. Lancuba coincide: “La ley no se ocupó de
temas complejos que tienen que ver con las donaciones de gametos y la
criopreservación. Asistimos a un problema de abandono embrionario no
contemplado en la norma”.
“Este tema es tan difícil como la ley del aborto y creo que
está atado a lo que suceda con ese proyecto. Si se aprueba, probablemente
empecemos a hablar del destino de los embriones. Si no, habrá que seguir
esperando”, dice Neuspiller.
Hace un año y medio Diputados dio media sanción a un
proyecto que regulaba este tema, pero se trabó en el Senado y perdió estado
parlamentario.
Neuspiller afirmó que el Ministro de Salud, Adolfo
Rubinstein, tiene a la firma dos resoluciones vinculadas a la fertilización
asistida. Una establece la cobertura de medicamentos específicos al 100% por
parte de obras sociales y prepagas. La otra limita la edad de las pacientes que
pueden someterse a estos tratamientos: 44 años con óvulos propios y 51 años con
óvulos donados.
“Como autoridad sanitaria, debemos insistir en que después
de los 35 años empieza a disminuir la fertilidad de los pacientes. La gente no
toma conciencia de eso”, explica Neuspiller. Y agrega: “Muchos no lo saben,
pero quienes no tienen obra social o prepaga tienen derecho a hacerse
tratamientos de fertilidad”.
La ley establece que obras sociales y prepagas deben cubrir
hasta tres tratamientos de alta complejidad. Un decreto de 2017 aclaró que un
tratamiento incluye la estimulación ovárica, la aspiración de óvulos, su
fecundación y la transferencia de los embriones. Y especificó que se pueden hacer
hasta tres transferencias como parte de una misma intervención.
Fuente: Clarín
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