El Juzgado N° 13 en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad, a cargo del juez Guillermo Scheibler, hizo lugar a la
medida cautelar solicitada por una paciente y ordenó al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires -Ministerio de Salud o área que corresponda- que provea a la
mujer de una medicación prescripta o le brinde los fondos necesarios para
proceder a su compra.
La causa se inició por un amparo contra Gobierno porteño,
con el objeto de garantizar el goce del derecho a la salud de una paciente. La
actora tiene 66 años y fue diagnosticada en 2001 con mieloma múltiple, año en
el que comenzó su tratamiento oncológico en el Hospital Durand con
quimioterapia y posteriormente con Lenalidomida, lo que le permitió revertir
los pronósticos negativos y estabilizar los valores.
Dicha medicación le fue suministrada desde el inicio del
tratamiento y de forma regular por el Ministerio de Salud de la Nación,
mediante un programa de Dirección de Asistencia Directa a Situaciones
Especiales. Sin embargo, en mayo último le informaron telefónicamente que su
pedido de autorización de seis envases “se encontraba en trámite ordinario y
que no estaba contemplado dentro del vademécum”.
En este contexto, la mujer hizo hincapié que hace más de 90
días que no toma la medicación, por lo que su tratamiento oncológico “se ha
interrumpido” y no puede adquirirlo por una “precaria situación económica” dado
que no tienen ingresos fijos y subsisten con la ayuda de familiares.
De los presupuestos aportados, surge que el valor de una caja de 21 comprimidos del medicamento oscilaría entre $254.790 y $370.437.
En los autos “P., E. G. contra GCBA y otros sobre Amparo –
Salud -Medicamentos y Tratamientos”, el magistrado advirtió “la gravedad del
estado de salud de la actora, la falta de provisión del medicamento prescripto
por la médica tratante y por consiguiente la interrupción del tratamiento
oncológico, expresamente indicado y con carácter de urgencia a fin de evitar
perjuicios irreparables en la salud de la actora”.
De los presupuestos aportados, surge que el valor de una
caja de 21 comprimidos del medicamento oscilaría entre $254.790 y $370.437.
“Dichos montos resultarían de muy difícil o imposible cobertura por parte de la
actora quien carecería de trabajo y no percibiría suma alguna en concepto de
jubilación o pensión, además de no poseer a priori, propiedades ni otros bienes
a su nombre”, expresó en el fallo.
En función de ello, el sentenciante ordenó que, en el
término de dos días, provea a la actora de la “medicación prescripta por los
profesionales intervinientes o, en su defecto, provea a la actora los fondos
necesarios para proceder a su compra, hasta tanto se resuelva el fondo de la
cuestión”.
Fuente: Diario Judicial - Fallo completo
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