La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió
que negar la interrupción del embarazo en México cuando la salud de la mujer
está en riesgo es violatorio de los derechos humanos.
Por unanimidad, la Primera Sala apoyó el proyecto del
ministro Alfredo Gutiérrez Mena y otorgó un amparo a una mujer derechohabiente
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), de nombre Margarita, a quien el Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre le negó el acceso a la interrupción del embarazo.
Esto, sin tomar en cuenta que el embarazo podría causar
complicaciones diabéticas e hipertensivas, que eventualmente llevarían a la
muerte de la paciente.
La mujer planteó, que se violó su derecho a la salud,
vinculado con su derecho a la vida, a la integridad personal, a la no
discriminación y a la autonomía reproductiva.
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En la sentencia se reconoció que, tratándose de las mujeres,
el derecho a la salud incluye la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando
su salud esté en riesgo.
La SCJN se pronunció sobre las necesidades particulares de
servicios de salud reproductiva para las mujeres del país, al resaltar el
impacto que la negación de la interrupción del embarazo, por cuestiones de
salud, tiene en su vida.
Los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal señalan la
prohibición a la interrupción legal del embarazo por motivos de salud; este
procedimiento sólo se permite cuando la vida de una mujer está en peligro o
cuando fue víctima de violación.
"La novedad de este caso, es que es el primer caso de
negación de acceso al aborto por materia de salud", comentó en entrevista
con medios de comunicación Alex Alí
Méndez Díaz, abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE),
quien acudió a la SCJN.
En México, al menos 3,900 mujeres han sido criminalizadas
por abortar. Se les abrió un proceso penal entre el año 2000 y marzo de 2018
por haber interrumpido su embarazo, a pesar de que en el país el aborto alcanza
libertad bajo fianza y que existen excepciones en la ley que lo permiten, como
en el caso de una violación, aún existe un fuerte estigma hacia quienes
recurren a esta práctica voluntaria o involuntariamente.
"Hay quienes tuvieron partos prematuros o emergencias
obstétricas y terminan en prisión acusadas hasta por homicidio
calificado", dijo en su momento a Infobae México, Verónica Cruz, directora de Las Libres, una
organización que defiende los derechos de la mujer y que desde hace tiempo
documenta los casos de criminalización por interrupción del embarazo.
Fuente: Infobae
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