La práctica es legal en países como Estados Unidos, Rusia,
Canadá, Grecia y Ucrania. El inconveniente que se plantea en la Argentina es
que pese a los casos concretos, la jurisprudencia y los fallos judiciales, aún
no existe una ley regulatoria. Cómo es ser padres por este método.
La denominada gestación solidaria es una opción terapéutica
dentro de los tratamientos de reproducción asistida, reconocida actualmente por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que brinda la posibilidad de lograr
una gestación en una persona -denominada gestante- quien llevará adelante el
embarazo con el fin de que el niño/a nacido/a tenga vínculos de filiación con una
persona o pareja denominada comitente/s.
Es una técnica que genera beneficios a aquellas mujeres con
imposibilidad de llevar adelante un embarazo por diversas patologías que lo
impidan: malformaciones uterinas, histerectomía parcial o total, falta de útero
congénita o adquirida, y otras patologías en el útero.
También se requiere cuando la mujer sufre alguna
insuficiencia renal, cardíaca, hepática, etc. que pondría en riesgo su vida o
la del bebé al quedar embarazada. A su vez, también está destinada a parejas
del mismo sexo o a personas solteras.
El objetivo jurídico de la gestación solidaria es que los
progenitores del bebé (los comitentes) sean reconocidos por la ley como los
padres legales y para eso la mujer gestante no debe tener ningún vínculo con el
recién nacido ya que no es considerada la madre del niño o la niña.
¿Es legal en la Argentina?
La gestación solidaria es absolutamente legal en la
Argentina. De hecho, hay numerosos casos realizados en todo el país, luego de
medidas judiciales favorables y cada vez hay más. Actualmente existen 25
sentencias nacionales y más de cuatro en curso y probablemente se agreguen
cientos de casos de mujeres que no consultan para acceder al tratamiento por
una falsa creencia de que sólo puede realizarse en el extranjero y es sumamente
costoso.
En muchos países del mundo como Estados Unidos, Rusia,
Canadá, Grecia y Ucrania está expresamente permitida. El inconveniente que se
plantea en el país es que pese a los casos concretos, la jurisprudencia y los
fallos judiciales, aún seguimos sin una Ley regulatoria sobre la gestación
solidaria.
Tanto para llevar al bebé dentro de la panza como para ser
la pareja comitente hay que cumplir requisitos muy estrictos. En el primer
caso, va desde tener plena capacidad civil, acreditaciones psíquicas y físicas
conforme a los protocolos que establezca la autoridad de aplicación de la Ley
26.862 (Ley Nacional de Fertilización Asistida), no aportar sus células
reproductoras, haber dado a luz y tener un hijo propio, durante un tiempo se le
brinda asesoramiento y se realizan evaluaciones psicosociales previas, cientos
de estudios médicos, obstétricos y genéticos y, lo más importante, un gestante
sólo podrá realizarse dos procedimientos de gestación solidaria de por vida.
En caso de los comitentes, tener plena capacidad civil, la
imposibilidad de gestar o llevar un embarazo a término ya sea por cuestiones
médicas o de género, debe ser la aportante de sus células reproductoras
(denominadas gametos), contratar y pagar un seguro de vida a favor de la
gestante durante todo el embarazo y el parto, asesoramiento y evaluaciones
psicosociales previas, y pruebas preliminares para el aporte de los óvulos o de
los espermatozoides.
De todo este proceso participa un equipo multidisciplinario
que va desde médicos de distintas especialidades, psicólogos, trabajadores
sociales y abogados.
Los desertores aseguran que tiene beneficios económicos para
la mujer gestante y que entonces se trataría de una mercantilización de la
maternidad. Es importante que todos aquellos que deseen ser madres o padres
puedan tener esa posibilidad. La gestación solidaria tiene que ver con
engendrar amor y que todos puedan tener la familia que soñaron. Avanzar en una
ley sería igualar las mismas posibilidades para todos. Además, hay que
desmitificar que es un tratamiento para ricos y que sólo se puede acceder en el
exterior. Los exitosos casos de nuestro país en distintas clases sociales
contradicen esa falacia.
A su favor, también plantean un inconveniente legal en caso
de la muerte o separación de de los comitentes o la negación de la gestante a
desapegarse del niño o la niña incumpliendo lo acordado. Frente a este
panorama, para evitar este tipo de situaciones es que hay un proceso lleno de
estudios, análisis y evaluaciones psicológicas durante un tiempo prudencial
antes de llevar a cabo la gestación solidaria. Se requiere un debate,
regulación y planificación responsable para la implementación con el fin de
garantizar los derechos reproductivos de quienes tengan el deseo de ser padres
y madres.
Fuente: Infobae (Por Nicolás Neuspiller, ginecólogo especialista en
reproducción asistida y director médico de Fecunditas. Ex coordinador general
del Programa de Reproducción Asistida del Ministerio de Salud de la Nación)
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