Para evitar casos como el de la médica a la que los
copropietarios le dejaron mensajes amenazantes, presentaron un proyecto para
cobrar hasta $ 17 mil a quienes los hagan.
Recién empezaba el aislamiento obligatorio.
Todas las noches, a las 21, la gente salía a los balcones -tras 62 días, en
muchas ciudades aún se hace- y aplaudía en agradecimiento al trabajo de los
médicos y el personal de la salud, pero también el de otros trabajadores
esenciales de la Ciudad de Buenos Aires en medio de la pandemia. Pero en el
barrio de Belgrano, una médica que alquilaba un departamento en la calle
Amenábar al 1500 fue "intimada" no muy amablemente por los
copropietarios a que no utilizara los espacios comunes del edificio. Además, la
amenazaron con una causa penal en su contra si no cumplía con lo pedido.
No fue
el único caso: en los días subsiguientes, aparecieron más casos: un
farmacéutico recibió un mensaje que, en el ascensor del edificio, era insultado
por sus vecinos. Hizo una denuncia, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
reaccionó. Notificaron al Registro Público de Administradores de Consorcios y
exigieron un monitoreo de la situación.
Para evitar casos similares, el
ejecutivo porteño mandó este jueves un proyecto a la Legislatura
para incluir dentro del Código de Contravenciones sanciones a este tipo de
actos contra el personal de las áreas de la salud , la seguridad y la justicia
que trabajan en contacto con pacientes positivos de coronavirus.
La
iniciativa plantea dos modificaciones al Código que reúne las contravenciones,
que son aquellas conductas nocivas contra las personas o los bienes
particulares y colectivos, al evaluar que desde el inicio de la pandemia por
Covid-19 se "observaron comportamientos disvaliosos por parte de algunos
ciudadanos".
"La discriminación que sufre personal de la salud,
personal policial y judicial, en razón de estar en contacto con pacientes
infectados del mencionado virus, injuria gravemente su dignidad y evidencia la
falta de solidaridad ciudadana por parte de quienes, en lugar de reconocer la
grandeza con la que aquellos enfrentan esta dura realidad, los ofenden y aíslan
socialmente por esa mera circunstancia", detalla el texto del
proyecto.
Muchos escraches que proliferaron en algunos edificios de la
ciudad de Buenos Aires estaban dirigidos a personal de la salud. El
planteo contempla sancionar con multas de hasta $17 mil o penas de hasta diez
días de trabajo comunitario a quien discrimine a personas que hayan
"tomado contacto durante el desempeño de su función laboral con personas
infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad infecto
contagiosa, o por cualquier otra circunstancia que implique exclusión,
restricción o menoscabo", dice el texto.
El código en vigencia
penaliza la discriminación por razones de raza, etnia, género, orientación
sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos y
condiciones social y económica, entre otros. ADemás, también impulsa que esos
casos se consideren "agravantes a las contravenciones" que castigan
las conductas de maltrato, hostigamiento e intimidación.
Fuente: Perfil
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