Hubo dos intentos por superar la dispersión y desigualdad
del sistema de salud: en los años '70 bajo el gobierno de Perón y bajo el
gobierno de Alfonsín.
Por: Mabel Bianco y Aldo Neri
Claro, lo vemos en el incendio, que nos hace ver los errores
pasados dramáticamente magnificados. Hablábamos de fragmentación del sistema de
salud, de ineficiencia, de desigualdad, como si eso no sería responsabilidad de
nosotros mismos. Lo atribuíamos al manipular de algunos financistas, o algunos
sindicalistas preocupados por crecer en poder, o el interés político de algunas
provincias o municipios que alimentan la disociación del servicio público de
salud que padecen (federalismo mal entendido).
En los últimos veinte años compramos la idea predominante de
que era una responsabilidad familiar o laboral tanto la educación como la
Seguridad Social, y dentro de ella la salud.
En realidad la responsabilidad laboral de la Seguridad
Social fue de décadas atrás. El impulso divisionista fue muy fuerte en la
historia argentina, ayudado un poco con la dispersión territorial, y modeló las
instituciones nacionales. Las instituciones de salud no fueron excepción.
De ahí las provincias y algunos grandes municipios crecieron
en su responsabilidad en salud, especialmente en los ´90.
Además el desarrollo de las obras sociales, marcadas por la
desigualdad de cada sindicato, y la aparición de los prepagos, cuya clientela
principal es la clase media de acuerdo la capacidad de pago de cada familia,
que implica grandes diferencias. Y en el colmo de la privatización (¡oh, pobre
Carrillo!) la unión de los prepagos y numerosas obras sociales terminó de
completar las desigualdades.
El resto de población queda en el servicio público
provincial o municipal, los muy pobres y sin trabajo formal, que asciende casi
al 40% de la población.
Hubo dos intentos de superar la dispersión y la desigualdad:
en lo años 70’, bajo el gobierno de Perón, el Sistema Nacional de Salud, Y bajo
el gobierno de Alfonsín, el Seguro Nacional de Salud, en los 80’. El último
aprovechando la experiencia del primero. La diferencia entre los dos implica que
el primero (SNIS) fue más estatizante que el segundo, abriendo el segundo una
puerta para el sector privado argentino, en expansión en esos años.
Ambos sistemas cuidaron que la ineficiencia y que la
desigualdad no fueran marcadas. El resultado final de ambos gobiernos distaba
mucho del proyecto original, por la influencia de los grupos de presión con
intereses particulares.
Ahora llegó el COVID y las desigualdades en el sistema de
salud se hacen evidentes. Por eso hubo que reconocer en una pandemia la salud
publica es clave, pero no puede si está sólo preparada para atender a los
pobres.
Sin embargo, ahora, es interesante que la gente valora y
reconoce a la salud pública (dicen así las encuestas) y cuando todos los días a
las 21horas los que aplauden, piensan en el hospital público y el SAME. Este es
un indicio de que los argentinos queremos una salud pública como la soñó
Carrillo, Oñativia y otros.
¿Nos servirá el COVID para buscar un nuevo intento de
superar la desigualdad y buscar la forma de superar el divisionismo? ¿Serán los
seguros provinciales, con una normativa común, basados en la asociación de los
hospitales y centros de salud públicos y la obra social provincial la base para
articular los servicios privados y las otras obras sociales? ¿Se abrirán los
servicios privados para atender a los pobres? ¿La clase media y con mejor nivel
económico se atenderá en los hospitales públicos ?
Estos son los interrogantes (más culturales que económicos)
que se plantean. Porque los establecimientos públicos soportaron la demanda
agregada por la quiebra del sector privado en la crisis de 2002. Nos alienta
que el recurso humano ya existe en gran medida. ¿Pero lo aceptaremos o
seguiremos prefiriendo las cortinas, o el deslumbramiento tecnológico a la
calidad de atención?
Vimos como los modelos asistenciales que envidiamos se
cayeron: el sistema de salud estadounidense, ni de países vecinos que
privatizaron e implantaron modelos desiguales a niveles insostenibles.
Nosotros pensamos que la salud y la educación son servicios
públicos no lucrativos, y un ingreso básico universal administrado por el
estado, después del cual se paga impuestos, son la base de una sociedad
democrática y equitativa.
La responsabilidad nos cabe a todos, pero es la política la
que debe dar esa respuesta, interpretando el sentir de la población y moldeando
las instituciones para que respondan a las necesidades de todos y todas.
Fuente: Clarín
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