Adopta el modelo chileno de sellos negros que advierten sobre exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías en el frente de los envases.
El borrador del proyecto de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable surgió de consensuar los puntos claves de otros 13 que estaban en danza en la Cámara Alta. Ese texto fue discutido ayer durante un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio, que se extendió durante cuatro horas.
"Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y las bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y de los consumidores" es uno de los objetivos principales del proyecto impulsado por las senadoras oficialistas Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, y desde la oposición por Gladys González y Julio Cobos.
El etiquetado frontal es una herramienta clave en ese sentido. El texto establece que los alimentos y bebidas sin alcohol envasados, "en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos exceda los valores establecidos de acuerdo a la presente ley, deberán incluir en la cara principal del envase un sello de advertencia".
Ese sello, según el borrador presentado ayer, adoptará la
forma de octógonos de color negro con borde y letras de color blanco en
mayúsculas. El tamaño del sello no podrá ser nunca inferior al 5% de la
superficie de la cara principal del envase ni estar cubierto (parcial o
totalmente) por ningún otro elemento. Los valores máximos de calorías, azúcares
totales, grasas saturadas y sodio deberán cumplir con el perfil de nutrientes
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Popularmente conocido como "modelo chileno", porque fue el primero en implementar los sellos negros de advertencia en 2016, es el que propicia la OPS y fue adoptado también por Uruguay y Perú.
En caso de contener edulcorantes, el envase además deberá
exhibir esta leyenda precautoria debajo de los sellos: "Contiene
edulcorantes, no recomendable en niños/as". Y los alimentos y bebidas que
presenten exceso de algún nutriente crítico no podrán incorporar información
nutricional complementaria (claims) en relación a ese nutriente.
El proyecto establece también la prohibición de toda forma de publicidad de productos que contengan al menos un nutriente crítico en exceso, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes, y a la población en general. Y también prohíbe incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas; la promesa de premios y participación en concursos, entre otros incentivos que fomenten el consumo del producto.
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más acuciantes. En Argentina, los niños, niñas y adolescentes, comen considerablemente peor que los adultos y 4 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad, según reveló la última Encuesta de Nutrición y Salud (ENNyS 2) de 2018. Por eso el proyecto también dedica un capítulo a la promoción de la alimentación saludable en las escuelas primarias y secundarias. Y "sugiere" la prohibición de comercialización, expendio y promoción de alimentos y bebidas que contengan algún sello de advertencia en esos establecimientos.
Diferentes miradas
"Estamos en un muy buen camino y contentos de este avance después de tanto tiempo de inacción", afirmó el ministro de Salud Ginés González García, el primero de los más de 20 oradores invitados en el plenario. Puso como ejemplo de éxito la ley antitabáquica: en los años posteriores a su implementación, la prevalencia de tabaquismo se redujo de un 30% a alrededor de un 20% y dijo que espera que este proyecto pueda provocar descensos en las cifras de obesidad.
En nuestro país, casi 7 de cada 10 mayores de 18 años están excedidos de peso. El avance de los productos ultraprocesados en la dieta (a nivel local, el 15% de la energía diaria recomendada la aportan galletitas y gaseosas), sumado al creciente sedentarismo, son dos de los factores vinculados a la suba en los índices de obesidad y sobrepeso, que incrementan el riesgo de enfermedades no transmisibles como cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.
"Me siento muy complacido de este proyecto consensuado. Es uno de los proyectos que más promovimos y no lo pudimos hacer", dijo a su turno su antecesor en Salud, Adolfo Rubinstein, quien considera a la obesidad infantil el principal problema de salud pública, por lo que el problema fue asumido como una de las prioridades de su gestión. "Estoy realmente muy contento porque el Senado se ha puesto al hombro una de las políticas más sustantivas y estoy contento de que el Ejecutivo acompañe", destacó.
"Es la primera vez que los tres ministerios se han puesto de acuerdo en la necesidad de un etiquetado frontal de alimentos", subrayó el secretario de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Marcelo Alós. "Para nosotros es clave llevar una política armonizada con nuestros socios del Mercosur", dijo. El texto establece que las disposiciones referidas a etiquetado frontal se aplicarán "de manera complementaria" con las adecuaciones que procedan de las normas del Mercosur.
"Tenemos voluntad política. No nos oponemos al etiquetado sin no tiene fines de demonización de los alimentos", planteó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), crítico del modelo propuesto. "No estoy de acuerdo en que el modelo chileno sea el mejor. Nos parece oportuno que Brasil haya tomado ritmo en esto y que Uruguay haya dejado una cláusula ventana para adecuarse a la legislación del Mercosur cuando esté".
"En la normativa del Mercosur se señala que no debe
impedirse a ningún país que adopte medidas para proteger la salud, creemos que
no debe utilizarse el Mercosur como argumento dilatorio para implementar una
política de etiquetado de alimentos", afirmó en ese sentido Luciana Castronuovo,
de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC).
"No se trata de demonizar alimentos -respondió el senador mendocino Julio Cobos, uno de los autores del proyecto-. Hay que ser claro y conciso. Hay mucha experiencia de Chile con los octógonos y con Ecuador del semáforo. Este es el modelo más simple. No estamos prohibiendo nada, estamos advirtiendo."
"Queremos hacer una política de Estado", destacó la senadora Fernández Sagasti. Mientras que Sapag aclaró que el proyecto "no copia" otro modelo, sino que adopta el sistema de advertencias: "Se trata de hacer lo que científicamente ya está demostrado que es mejor", dijo.
"Hay mucha evidencia sobre que el etiquetado frontal con octógonos negros son los que se visualizan más rápido, son más claros, en relación a otros como el de semáforo que suele confundir un un poco", señaló Graciela Abriata, a cargo de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. "El que ha demostrado cambiar el perfil de compra y de consumo es el octogonal", ratificó Sebastián Laspiur, de OPS.
En la misma línea se expresó Paula Español, secretaria de Comercio Interior: "La búsqueda de un sistema de advertencia que consideramos el más adecuado es que la información sea clara, veraz y precisa. Mucha información mata información. Hay que ser inteligentes en qué información se pone en el frente. Y siempre va a estar la opción cuando uno da vuelta el paquete para aquel que se quiera informar más". Y añadió: "Buscamos alertar y no demonizar. A nadie se le escapa que un hexágono tiene mayor capacidad de advertencia que una lupa".
La semana pasada, en Brasil, la junta colegiada de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) aprobó un sistema de advertencias de lupa que alerta en el frente de los envases con una lupa si el producto es alto en nutrientes críticos.
Los representantes de los productores de alimentos, entre quienes también estaban Florencia Canzonieri, de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol y Jorge Luis Feijoo, del Centro Azucarero Argentino, plantearon también preocupación por los tiempos de adecuación, pidieron que se comience a instrumentar pospandemia y adelantaron que enviarían por escrito notas con observaciones al proyecto.
El texto prevé que las disposiciones establecidas empiecen a implementarse a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiéndose cumplir en un plazo no mayor 180 días desde la entrada en vigencia. Las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas en el marco de la economía popular, y los proveedores de productos del sector de la agricultura familiar, podrán exceder el límite de implementación en un plazo no mayor al año, con posibilidad a prórroga.
Feijoó también habló de demonización y sostuvo que en los últimos 5/6 años el consumo de azúcar cayó un 20%, lo que fue sustituido por edulcorantes, sin que eso se traduzca en un descenso en los índices de obesidad. "Hay una cuestión de intereses en la sustitución del azúcar", consideró. Canzonieri dijo que la reformulación de los productos va a requerir inversión en investigación y desarrollo; propuso alinearse con la opción de Brasil en lo referido al límite máximo de azúcar en las bebidas y que la leyenda sobre los edulcorantes figure en el dorso del envase.
El médico y legislador chileno Guido Girardi, autor de la ley de etiquetado que se convirtió en modelo, dijo que en país, como consecuencia de la política implementada, el 20% de la industria reformuló sus productos. "Hay empresas que hacen publicidad sobre productos que no tienen sello, se convirtió en un vector de promoción y no como un problema", ejemplificó.
Sergio Britos, del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, consideró "particularmente preocupante" la adopción del perfil de nutrientes de la OPS y estimó que, en virtud de ello, un 85% de los productos envasados llevarán sellos de advertencia. Un perfil "razonable y basado en lineamientos internacionales" llevaría ese porcentaje a un 66%. Pidió a los legisladores que "no desestimen un proyecto superador, que incentive lo que sí debe consumirse" y que el modelo adoptado combine advertencia y síntesis.
Fernando Zingman, representante de Unicef, hizo hincapié en que "la ley no deje huecos que después obstaculicen su propia implementación". Afirmó que "el esfuerzo requiere ser claros" y sostuvo que se debe prohibir la venta de productos con sellos en los establecimientos educativos. "La escuela se convierte en un espacio que fabrica exceso de peso. La legislación tiene que ser clara en cuanto a lo que se puede vender", enfatizó.
El texto discutido ayer todavía está sujeto a observaciones,
resaltó el senador Mario Fiad, quien preside la comisión de Salud. Las
sugerencias enviadas serán evaluadas por asesores y el proyecto volverá a
tratarse en comisión el martes.
Fuente: Clarín
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