La Legislatura porteña comenzó el debate por la regulación de la telemedicina

La Comisión de Salud analizó un proyecto de ley impulsado por Vamos Juntos, a través del cual buscará establecer lineamientos, principios y alcances de ese tipo de prestaciones.

Debido al crecimiento de esa atención de modalidad médica, la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, presidida por la radical Patricia Vischi (UCR-Ev), se reunió con profesionales de la salud para comenzar el análisis de un proyecto de ley que propone regular y organizar los sistemas de consulta y asistencia médica por medios electrónicos, telemáticos, redes sociales y similares formas de conexión a distancia, lo que se denomina telemedicina. 

La telemedicina es una prestación de servicios de salud a distancia, a través de la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación emergentes (TICs), destinadas a la información, atención para prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del estado de los pacientes, así como también a la investigación, educación, formación continuada y evaluación, realizada por  profesionales de salud, con la finalidad principal de facilitar y dinamizar el acceso a la salud, mejorar su calidad, eficiencia e incrementar su cobertura, impulsando con nuevos instrumentos estratégicos la Atención Primaria. 

De esta manera, el texto establece que este servicio podrá “ser ofrecidos y prestados por todos los profesionales o equipos requeridos al paciente requirente en forma directa, o bien por medio de interpósita persona que represente al mismo, siempre que se cuente con la autorización expresa del paciente para ello” y prevé que en los “casos en que el tercero actúe por impedimento o incapacidad permanente o transitoria del paciente, sea por razones de edad o estado de salud o bien actúe como responsable en la situación, sin que a tal fin deba acreditar vínculo parental alguno no será necesario el consentimiento manifiesto o expreso del paciente”. 

Para garantizar la seguridad de ambas partes -es decir, del profesional de la salud y del paciente- el proyecto exige que exista una “identificación recíproca”, para ello deberán utilizarse siempre herramientas que permitan acreditar fidedignamente la identidad de todas las partes participantes e intervinientes en la comunicación o conexión que garantice la seguridad de ambas partes. 

Además plantea que debe “almacenarse la herramienta de información o comunicación utilizada en cada servicio de telemedicina prestado durante la comunicación o conexión y una vez concluida la misma” y sostiene que el profesional siempre deberá dejar almacenada y guardada toda la información relativa al paciente, así como toda su actuación, atención y servicio prestado, entendiendo incluidos los datos personales y clínicos completos, consentimientos informados y acciones. 

En cuanto a la seguridad, el proyecto de ley establece que deben tomarse las máximas medidas de precaución técnicas para que la información resida en el repositorio de datos donde está almacenada en forma segura y  protegida de cualquier ataque externo, y asimismo se obtenga de manera rápida y accesible. Siempre debe encontrarse garantizada su integridad, autenticidad y confiabilidad y exactitud. 

Sin perjuicio de las obligaciones de los profesionales o equipos de salud establecidas en los incisos anteriores, se establece que en caso de existir dificultades, desperfectos tecnológicos o cualquier cuestión técnica o relativa a la conexión en la comunicación o sistema de información utilizado en la prestación, externo y ajeno al profesional, y que le impida según su exclusivo criterio desarrollar su tarea o mantener una comunicación acorde, este no incurrirá en responsabilidad profesional ni legal de ninguna índole por no dar curso o no proseguir con el proceso virtual. 

La iniciativa en cuestión había sido impulsada meses atrás por la exministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez (VJ), en coautoría con Claudio Romero (VJ), presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. 

De la reunión -que en parte fue virtual y en parte presencial- tomaron parte el Dr. Daniel Barbagallo, que es el titular de la Asociación Civil de Telemedicina (ACTRA), una entidad que nuclea a los principales sanatorios privados del país, y la directora general de Sistemas de Información Sanitaria y médica informática, Dra. Analía Baum. 

Otos expositores fueron el Dr. Adrián Gindin, profesor de bioética y secretario de tecnología educativa de la Facultad de Medicina de la UBA; el Dr. Esteban Figueroa, docente de bioética de UBA y UCA e investigador en administración de laboratorios, y la Dra. Marisa Aizemberg, abogada especialista en derecho civil y graduada en administración y conducción de hospitales.

Fuente: parlamentario.com