Las empresas de medicina prepaga irán a la Justicia para que se les permita ajustar el valor de las cuotas de sus planes, puesto que, según afirman, en un escenario de ingresos congelados y egresos liberados el sistema “no resiste más” y la desactualización ya acumula un 40%.
La decisión de recurrir a la vía judicial, ante la imposibilidad de adecuar las cuotas al aumento de su estructura de costos, fue confirmada a LA NACION por fuentes del sector privado de la salud. “Lo que pediremos es, ni más ni menos, que se cumpla la ley de 26.682, que regula nuestra actividad, y que establece que las tarifas se deben actualizar conforme se encarezcan los costos”, comentó una fuente.
El último aumento autorizado por el Gobierno fue de 4,5% para abril y de 5,5% para mayo, alzas que se sumaron al del 10% que se aplicó en diciembre de 2020 y al de 3,5% que empezó a regir desde marzo de este año (el Gobierno frenó otra suba de 3,5% que debía efectivizarse en abril). Con estos aumentos, un plan familiar medio oscila entre los $15.000 y $20.000 mensuales.
Aún con estas actualizaciones, las empresas prestadoras de servicios de la salud en el país remarcan que persiste un desajuste de 40% entre lo que les aumentan los costos y lo que ellos cobran en concepto de cuotas de sus planes. “Aplicar ese incremento de golpe puede ser impracticable, pero lo cierto es que si se sigue acumulando este desajuste, en algún momento la diferencia va a ser aún mayor. Hay que darle un corte, porque esto no se arregla con un subsidio”, opinó una fuente del sector.
Sucede que a la inflación, que ya de por sí sola encarece los costos de los insumos indispensables para la adecuada prestación del servicio de salud, se le sumó la irrupción del coronavirus, que hizo disparar aún más los precios de esos productos. “Además, estamos a las puertas de un nuevo período de negociación paritaria”, agregó otra fuente.
En el caso de los medicamentos, en la Unión Argentina de Salud (UAS) insisten en que los precios acumulan aumentos que se ubican muy por encima de la actualización de su cuota: se parte de incrementos de 250% en un año, pero, según indican, hay casos específicos (sobre todo en los que son de uso hospitalario) en que el alza superó el 1300%.
Una fuente del sector de la medicina privada explicó así la situación reinante: “Nosotros tenemos parte del sistema privado de salud ya con las paritarias vencidas y otra parte que va a vencer en los próximos 15 días. Los aumentos que se otorgaron, que se firmaron, se suspendieron, se volvieron a firmar y se volvieron a suspender, fueron siempre muy inferiores a la inflación. En 2020, el sector tuvo solo un 10% de aumento en diciembre, con lo que el aumento real en el año fue de 3% ponderado. Después vinieron los aumentos de abril y mayo, que fueron exclusivamente a cubrir la cláusula de revisión que se había firmado en la paritaria de 2019-2020″.
Con este panorama, continúo la fuente, no se puede aumentar el sueldo al personal que ha sido justamente el que ha estado en los últimos 15 meses exclusivamente dedicado a la atención de casos derivados de la pandemia (médicos, ambulancias, enfermeros, camilleros, entre otros). “Aún admitiendo en resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que la estructura de costos de todas las instituciones aumentó por encima de la inflación, el Gobierno no autoriza el incremento de las cuotas. Hay reconocimiento de todos los funcionarios sobre la necesidad de actualización, pero la gran pregunta es por qué no lo autorizan”, subrayó.
Presentación en la Justicia
La decisión de ir a la Justicia por esta cuestión será anunciada mañana, a las 17, en una conferencia de prensa organizada por la (UAS). Convocada bajo el título “Situación del sistema privado de salud en la Argentina”, se realizará en la Sala Picasso, del Paseo La Plaza.
Según confió una fuente del sector de la medicina prepaga, allí se especula con que el congelamiento de las cuotas por parte del Gobierno tenga más que ver con una cuestión política y con la intención del kirchnerismo de estatizar el sistema de salud. “En la conferencia de prensa que se brindará mañana se hablará también de este tema”, contó una fuente con acceso a la organización del evento.
El tema no es menor. En el país unas cuatro millones de personas se atienden en empresas de medicina privada, de las que un millón lo hacen como afiliados directos y el resto como “corporativos”, es decir, que sus empleadores cubren una parte de la cuota como beneficio y el resto lo aporta el trabajador una vez desregulado su pago originalmente destinado a una obra social.
Hoy la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) le comunicó al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y a las autoridades de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que, sin una debida actualización de los aranceles de las prestaciones por parte de los financiadores, el sector prestador no podrá afrontar la discusión paritaria correspondiente a 2021.
“Para poder garantizar un incremento salarial de los trabajadores de la salud, la FAPS reclama a los financiadores públicos y privados (Obras Sociales, empresas de Medicina Prepaga, PAMI) que se actualicen los aranceles de las prestaciones atrasados correspondientes a 2020 y lo acumulado al primer semestre de 2021, tanto como la continuidad de las medidas de ayuda para el sector implementadas por el Gobierno hasta tanto dure la pandemia”, expresó la FAPS en un comunicado.
En el mencionado comunicado, la FAPS informó que presentó un extenso documento al ministro Moroni con el detalle de la grave situación económica generada por los aumentos de los costos laborales y de insumos relacionados con la pandemia, como así también en una caída general del 30% en la cantidad de pacientes atendidos mensualmente en prácticas ambulatorias o en patologías no Covid (en el caso de internaciones), como consecuencia natural de las restricciones implementadas y de los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias.
“Los prestadores somos un eslabón central en la cadena del sistema de salud. Una clínica, un geriátrico, un laboratorio de imágenes o una empresa de emergencias médicas prestan servicios de salud a pacientes de Obras Sociales, empresas de Medicina Prepaga y/o el PAMI. Desde el inicio de la pandemia, los costos aumentaron por encima de los valores que los financiadores pagan por la atención de los pacientes. Si bien el Gobierno implementó distintas medidas de apoyo al sector, lamentablemente no son suficientes para enfrentar los costos que no dejan de aumenta”, explicó José Sánchez, presidente de FAPS.
En FAPS explicaron también que es particularmente crítico el gasto en medicamentos por Covid-19, tanto así que llegó a revertir la estructura de costos de un sanatorio: lo que era 74% costo laboral y 26% costo no laboral, ahora es 52% costo laboral y 48% costo no laboral, actualizando anualmente los salarios acorde con la inflación. “Por ejemplo, un día de terapia intensiva de un paciente Covid tiene un costo de alrededor de 100.000 pesos diarios para una clínica mientras que, en promedio, los financiadores, con todos los módulos Covid incluidos, abonan un arancel que no supera los 55.000 pesos”.
En relación con otras prestaciones, la atención de una emergencia médica con riesgo de vida en una ambulancia tiene un costo actual de $15.000, mientras que los financiadores abonan un promedio de $8000. Por su parte, un residente geriátrico tiene un costo mínimo mensual a abril 2021 de $66.000 mensuales, pero las residencias geriátricas reciben $49.500 por parte del PAMI.
Fuente: La Nación
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